Es el acuerdo sociopolítico básico que legitima el papel del Estado, y el ámbito, y el alcance de las responsabilidades gubernamentales.
José Alejandro Arévalo Alburez
El 25 de mayo de 2000, en un acto histórico, 140 organizaciones sociales suscribieron el Pacto Fiscal, concluyendo un proceso iniciado dos años antes y demostró que, en consonancia con la Constitución Política e iluminados por el espíritu de los Acuerdos de Paz, los guatemaltecos somos capaces de llegar a grandes consensos sobre tópicos como: gasto público, deuda pública, ingresos del Estado, patrimonio del Estado, administración tributaria, control y evaluación del gasto, combate a la corrupción y a la impunidad, y, descentralización.
El gobierno del presidente Berger ha encontrado una hacienda pública virtualmente en quiebra, con un ambiente administrativo de caos y un entorno de muy poca credibilidad ciudadana hacia las instituciones gubernamentales, por lo que ha decidido convocar a todos los sectores para revalidar ese gran acuerdo nacional denominado Pacto Fiscal.
De conformidad con la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), un Pacto Fiscal es el acuerdo sociopolítico básico que legitima el papel del Estado, y el ámbito, y el alcance de las responsabilidades gubernamentales en la esfera económica y social. Se analiza, por medio de cinco aspectos fundamentales: consolidar y brindar sostenibilidad fiscal, elevar la productividad de la gestión pública, dotar de mayor transparencia a la acción fiscal, promover la equidad, y, favorecer el desarrollo de la institucionalidad democrática.
El Pacto Fiscal constituye un acuerdo nacional sobre el monto, origen y destino de los recursos con que debe contar el Estado para cumplir con sus funciones, según lo establecido en la Constitución Política de la República y los Acuerdos de Paz. Lastimosamente, este pacto social no fue avalado por el accionar del gobierno anterior, aunque ahora, cuatro años más tarde, se tiene la oportunidad de retomarlo, actualizándolo y adaptándolo a las circunstancias sociales, políticas, económicas y financieras en que se encuentra el país, especialmente por las urgentes demandas en materia de empleo, productividad, competitividad y reducción de la pobreza. Sin tener ideas claras, viables y honestas en materia fiscal, el actual gobierno difícilmente podrá mejorar su desempeño por muy buenas que sean las intenciones que motiven a sus integrantes.
Sin embargo, no hay necesidad de reinventar el agua azucarada, sino simplemente aprovechar el camino andado y consensuado por la sociedad. El Pacto Fiscal es una oportunidad de consolidar la paz y la democracia, en la procura de que el Estado pueda cumplir con sus fines.
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