¿Debemos seguir usando el servicio de una empresa que pagó a corruptos?
Juan Luis Font
Ya hay pocas razones para las dudas. Todo apunta a que la empresa de telefonía celular Comcel pagó millones de dólares a funcionarios y amigos del gobierno de Alfonso Portillo para ganarse su buena voluntad. El dato de los favores obtenidos por parte del régimen del FRG no es nada nuevo. Dos años atrás elPeriodico publicó un reportaje que describía el fabuloso negocio que Comcel había logrado cuando Estuardo del Pinal dirigía la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel). Esa empresa estatal aceptó un acuerdo extrajudicial que le permitía a la firma de celulares ahorrarse una suma de más de Q30 millones cada año y que era notoriamente desventajoso para Guatel.
Quienes saben de este sucio negocio cuentan que todo se pactó en la ciudad de Miami. Que Julio Girón, entonces secretario privado de la Presidencia y Leonel Soto Arango, diputado favorito de don Efraín por aquellos tiempos, se comprometieron a hacer los arreglos para favorecer a la empresa telefónica.
De no ser porque a algunos funcionarios estadounidenses les ha parecido que ya es tiempo de empezar a ventilar ciertos depósitos de dudoso origen que han pasado por su sistema bancario, aquí nadie se hubiera enterado del pago de los favores y todo habría quedado en sospechas. ¿Acaso no cobra hoy sentido que Estados Unidos se hubiera precipitado a revocar la visa de numerosos ex funcionarios del gobierno de Portillo entre ellos Girón y César Medina Farfán?
Desafortunadamente, nuestra legislación no contempla el delito de enriquecimiento ilícito de parte un funcionario. Tampoco se ha legislado aún contra el tráfico de influencias. Los legisladores guatemaltecos han evitado incluir estos tipos dentro de los códigos Penal y Procesal Penal. Esa es hoy una tarea ineludible de la actual legislatura, porque la ausencia de estos delitos ata de manos al Ministerio Público para actuar contra los corruptos.
Pero las cosas podrían ser de otra manera. Si Comcel cobrara un poco de decencia y de respeto por este país y decidiera apartarse de las prácticas corruptas como la mejor manera de buscar su beneficio, podría salir a hacer una declaración pública que incrimine a los funcionarios aunque suponga para la empresa un enorme costo económico. Comcel insulta la inteligencia de los guatemaltecos cuando sale a ofrecer explicaciones respecto a los señalamientos de los que es objeto, pero evita mencionar los pagos a los funcionarios.
Los ciudadanos, convertidos en consumidores en este sistema de mercado, bien podríamos enviar un mensaje claro a esa empresa de telefonía. Merecemos todos una explicación clara. De otro modo, sólo podremos verlos como socios de la corrupción que nos aplasta.
SUENA LA ALARMA
Cualquier gobernante sensato preferiría tener a un político como líder opositor en lugar de un obispo. Los políticos suelen ser adversarios asequibles, los líderes religiosos se mueven ante sus seguidores en una esfera distinta. Un obispo puede ser un adversario formidable.
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