El juez undécimo de Primera Instancia Penal, ordenó al Ministerio Público continuar la investigación de la quema de la Embajada de España.
elEditorial
El juez undécimo de Primera Instancia Penal, a quien se encomendó indagar a seis militares y dos civiles sindicados de la muerte violenta de ciudadanos españoles, ordenó al Ministerio Público continuar la investigación de la quema de la Embajada de España, ocurrida el 31 de enero de 1980, en la que fallecieron quemados 38 personas.
La indagatoria de los militares y civiles deberá llevarse a cabo a solicitud de la justicia española, que investiga, entre otros casos, la intervención de los mismos en la quema de la Embajada en donde fallecieron varios ciudadanos españoles.
Esta diligencia judicial ha dado lugar a que en varios medios de comunicación social se informe y discuta sobre los oscuros sucesos que dieron lugar a la referida tragedia. Sin duda, esta polémica indujo al juzgador a reanudar las pesquisas, lo cual es un gran acierto, porque no es lógico que en España se esté investigando el asunto, en tanto que en Guatemala la pesquisa siga inconclusa.
La quema de la Embajada de España ocurrió durante el gobierno del general Romeo Lucas García (1978-1982), que está registrado en nuestra historia patria como uno de los más sanguinarios, violentos y corruptos. Por cierto, dado que el gobierno luquista fue sucedido por otros regímenes de corte militarista, los ex funcionarios luquistas responsables de la violación de derechos humanos y de grotescos actos de corrupción quedaron impunes o resultaron beneficiados por las amnistías que fueron decretadas antes de que se promulgara la actual Constitución.
A pesar de que han sido publicadas varias versiones extrajudiciales de los hechos, éstos jamás han podido esclarecerse plenamente por las autoridades guatemaltecas. Por consiguiente, los tribunales de justicia se han visto imposibilitados de juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables.
La versión del régimen luquista sobre la quema de la Embajada de España no es confiable, dado que varios de sus más altos funcionarios, incluido el propio Lucas García, tuvieron participación en los hechos. Tampoco existió voluntad política para alentar una investigación independiente e imparcial.
Sin embargo, la justicia tarda pero llega. La oportunidad de que, por fin, conozcamos la verdad de los hechos podría ser ahora que vivimos en democracia. Es más, el conocimiento de la verdad reivindicaría a la justicia guatemalteca.
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