Ambas partes deben recordar que más vale un mal arreglo que un buen pleito.
Jorge Palmieri
Se ha acusado al licenciado Óscar Berger de que durante el año que ha transcurrido desde que asumió la Presidencia de la República no ha habido gobernabilidad, y como para demostrar lo contrario, en dos crisis recientes el gobierno actuó en forma represiva.
En la primera, el Ministro de Gobernación, envió mil agentes de la Policía Nacional Civil, apoyados por un buen número de soldados, a reprimir violentamente a los numerosos campesinos que, dirigidos por individuos que en el conflicto armado participaron en las fuerzas guerrilleras subversivas, actuaban contra la ley al impedir el paso por Sololá a un enorme cilindro metálico que era llevado a San Marcos para la explotación minera de cielos abiertos de una compañía canadiense.
En la otra crisis, el gobierno tomó la drástica reacción de destituir a más de 80 controladores de la Terminal Aérea La Aurora que, sin medir las consecuencias, ese día habían tomado la medida de hecho de apagar las luces y abandonar sus puestos para detener el tráfico aéreo en el país, como protesta porque no les habían reanudado sus contratos con las mejoras laborales que solicitaban; y a medianoche, con una orden de captura de un juez competente (lo cual es ilegal después de las 18 horas), que no especificaba el delito que se les imputa, la Policía cateó las habitaciones de un conocido hotel para detener a cuatro dirigentes de los trabajadores que fueron esposados por la espalda, como si fuesen delincuentes, y después metidos en la cárcel preventiva de la zona 18.
Con insólita rapidez, el Ministro de Comunicaciones y el director de Aeronáutica Civil hicieron venir de México, El Salvador y Perú a unos controladores para reemplazar a los guatemaltecos y reanudar el tráfico aéreo, mientras contratan a otros del país aunque no conozcan la geografía nacional, pero aseguran que antes de asumir esa delicada responsabilidad serán entrenados en México. Es importante que no sólo hay que saber el manejo de los radares y demás equipo de la Torre de Control, sino es necesario conocer la geografía del país y tener por lo menos un poco de experiencia en la materia para que los pasajeros no pierdan la vida si –¡Dios no lo quiera!– los aviones chocan en el aire o se estrellan contra los volcanes y las montañas.
Entiendo que las autoridades basan su demanda en el Artículo 290 del Código Penal (Atentado contra la seguridad de los transportes marítimos, fluviales o aéreos) que dice: “Quien pusiere en peligro embarcación o aeronave, propia o ajena, o practicare cualquier acto tendiente a impedir o dificultar la navegación marítima, fluvial o aérea, será sancionado con prisión de dos a cinco años”; pero se debe tomar en cuenta lo que dice el Artículo 53 de la Constitución de la República sobre la libertad de industria, comercio y trabajo.
Sería prudente que el gobierno verifique si los controladores aún tienen relación laboral con Aeronáutica Civil y que ambos recuerden que más vale un mal arreglo que un buen pleito.
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