Un abogado kaqchikel que tenía un compromiso.
El domingo 18 octubre se localizó en un barranco del municipio de Comalapa, Chimaltenango, el cadáver de Fausto Otzín Poyón, con la boca destrozada, una puñalada en la espalda, una herida punzo cortante en la frente y cabeza, y golpes en su cuerpo. Esta muerte no la merecía este joven abogado kaqchikel, de 32 años, que tenía un compromiso sin límites con el pueblo maya.
De estudiante fue fundador de la Asociación de Estudiantes Mayas de la Facultad de Derecho, desde donde empujó la reforma curricular, apoyó la creación del Instituto de Derecho de Pueblos Indígenas. Además, fue fundador de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, siendo su Primer Director Ejecutivo, durante 2 años ad honórem.
Con el Programa Nacional de Resarcimiento se incorporó como analista de casos, recientemente asesoraba a autoridades tradicionales y a la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI) y era consultor del Programa de Apoyo a la Reforma de la Justicia, de la Unión Europea.
Fausto es el tercero de cinco hermanos, participó en un movimiento de jóvenes que demandó verdad y justicia, porque su abuelo materno y otros familiares desaparecieron durante el conflicto armado. Proveniente de una familia humilde, la generación de sus abuelos mantuvo una lucha reivindicativa, la de sus padres un activismo social. Él creció con estas visiones complementarias y le agregó la formación académica para trabajar con las bases para reformar la justicia e impulsar litigios estratégicos. Por eso, apoyó la lucha de San Juan Sacatepéquez, cuando 12 comunidades requirieron a la Asociación de Abogados Mayas que se asumieran como defensores ante la abusiva construcción de la cementera que destruye los recursos naturales, la producción agrícola, contamina y hace un uso inadecuado del agua. La lucha en contra de la cementera ha generado enfrentamiento y represión hacia comunidades y abogados defensores. Al día de hoy han enterrado a 20 personas.
Amigos, colegas y organizaciones de base exigimos la verdad ¿quién lo mató? Nadie tiene el derecho de cegar una vida que aporta en la pacificación del país, a través de la transformación del sistema de justicia. Él no era un hombre violento, por eso, nos indigna la saña que acabó con su vida. El Ministerio Público ha hecho poco, su informe y el del médico forense son pobres, no se recabaron las evidencias como correspondía y nadie ha sido capturado.
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