Después de ocho años de cuidado, el Inab y el Conap ofrecen “Abies guatemalensis” para la temporada, los cuales estarán a la venta dentro de tres semanas.
En las montañas del altiplano del país, desde Chimaltenango hasta las faldas del Tacaná, San Marcos, ya están en espera de ser cortado 20 mil pinabetes Abies guatemalensis.
Estos serán ofrecidos a los guatemaltecos por valores que van desde Q150 hasta Q800, dependiendo del tamaño y la cantidad de ramas. De esta manera, las autoridades esperan combatir la tala ilegal.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab) emprendieron hace ocho años la protección de la especie, única por su aroma.
En tres semanas, los pinabetes serán puestos a la venta en los puntos acostumbrados como Yurrita, campos del Roosevelt, Vista Hermosa y otros sitios donde se instalan los comerciantes.
Actualmente, el país cuenta con 18 plantaciones y están por establecerse 14 más el próximo año, explica Armando Pérez, del Inab.
Alerta de peligro
El Abies guatemalensis figura en el Apéndice I del Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES, por sus siglas en inglés), eso significa que no puede ser exportado.
Pero los comerciantes tienen la inquietud de fortalecer su oferta, es decir, que haya más plantaciones para que pase al Apéndice II y así llevar el pinabete guatemalteco al mercado internacional.
De acuerdo con Mario Morales, del Conap, esto se puede lograr, pero primero hay que satisfacer la demanda del país.
En la actualidad se venden 20 mil árboles y, según un estudio del Inab, se necesitan 45 mil, por lo que al superar esa meta la situación podría cambiar.
Cárcel para los ilegales
Este año, el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) decomisará los árboles armados, aprehenderá a los responsables y a quienes los compren, explica Morales.
Según la Ley de Áreas Protegidas, por ser una especie en peligro de extinción es un delito grave, tanto para vendedores como para compradores, lo que significa una pena de cárcel de hasta diez años.
Es por eso que durante dos días los operadores de justicia de áreas protegidas, Ministerio Público y el Organismo Judicial recibieron un curso de capacitación para saber qué decisiones tomar en este tema.
Lo que se quiere es cumplir con las sanciones que manda la ley para desincentivar la venta y compra de los árboles armados, que son los que han puesto en peligro a la especie, concluyó Morales.
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