No creo que la señora Wendy Widdmann de Berger, esposa del Presidente de la República, tenga la más mínima participación en los “graves actos de corrupción” que, según el dirigente sindical Nery Barrios, presidente de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), se cometen en la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia (SOSEP). Recibí fotocopias de una carta fechada el 6 de febrero y de un legajo de documentos confidenciales acusando a esa dependencia del delito de “contrabando de contenedores con distintos productos provenientes de Estados Unidos”, los cuales –presuntamente- “podrían traer en su interior pollo, electrodomésticos, ropa, dinero, armamento, explosivos, substancias peligrosas de cualquier naturaleza, etcétera”.
Agrega que “esta operación ilegal se concreta utilizando la facultad legal de la SOSEP para recibir mercadería en calidad de donación, exenta de pago de impuestos de internación e IVA (artículo 69 del Decreto número 86-73, reformado por el artículo 21 del Decreto número 52-92, ambos del Congreso de la República)”; y que “el contrabando de contenedores se disfraza como fruta donada por la empresa Cobigua, la que, “según los documentos falsificados, habría sido rechazada a su arribo a Estados Unidos y devuelta a Guatemala supuestamente por no llenar los requisitos de calidad del comprador en ese país”.
Sobre este particular estoy informado por un respetable productor y exportador de frutas que las devoluciones no deben provocar ninguna suspicacia porque, en efecto, ocurren constantemente cada vez que la fruta no llena las exigencias de los compradores en Estados Unidos.
Sin embargo, entre los documentos hay una declaración jurada, ante el licenciado Julio Contreras Quintana, del señor Óscar Germán Platero Trabanino, quien fue Coordinador de Seguridad Aduanera en la SAT durante el año comprendido entre mayo 2004 y mayo 2005, en el cual manifiesta “la injerencia que en el control de las aduanas del país ejerce el señor Ricardo Ortiz (yerno del presidente Berger, a quien se conoce con el sobrenombre de La Ruca); y afirma que en una oportunidad éste “le encargó monitorear los movimientos de importación de pollo y combustibles”; que Ortiz “no trabaja en ninguna dependencia gubernamental y recientemente se le ha vinculado en forma velada en algunos medios de información con el contrabando de varios productos, especialmente pollo y combustibles”.
Dice también que “Platero vincula a Emilio Pacheco, ex intendente de la SAT, con movimientos anómalos de contenedores desde distintos puertos marítimos hacia varias almacenadoras en la ciudad capital”. Afirma, asimismo, que “en reiteradas oportunidades Pacheco le manifestó su desacuerdo con la relación estrecha que Platero mantenía con dependencias de la Embajada de los Estados Unidos, especialmente con el señor Carlos Fonseca de la DEA”. Hay otra serie de acusaciones que el Ministerio Público debe investigar de oficio.
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