Hoy se sabrá de qué lado está el Congreso, si con el pueblo honrado o con el crimen organizado.
Sylvia Gereda Valenzuela
Si las portadas del Washington Post, uno de los diarios más prestigiosos de Estados Unidos, hablaran de la belleza de nuestros lagos, la perfección de nuestros volcanes o la majestuosidad de la civilización maya, podríamos decir que el país avanza... Pero no es así.
El artículo que el periodista N.C. Aizenman publicó el pasado 11 de marzo en el Washington Post no tiene nada de encomioso. Por el contrario, muestra ante los ojos del mundo a un país devorado por la corrupción y el narcotráfico.
El reportaje titulado: Endurance of corruption shakes Guatemala Anew (Tolerancia a la corrupción sacude Guatemala de nuevo) da un golpe en la espinilla, pues aborda un tema que los chapines prefieren ignorar: el del tráfico de drogas infiltrado entre las altas esferas públicas y empresariales.
De esta cuenta, el mensaje de una corruptela enquistada en las más altas esferas del poder chapín es el que se encuentra implícito en este reportaje, que tiene como figura central a Adán Castillo, el ex jefe de la agencia antidrogas guatemalteca, capturado en EE.UU., por cargo de tráfico de estupefacientes, luego de que las autoridades, a través de agentes encubiertos, descubrieron que participaba en el trasiego de droga y decidieron tenderle una trampa para capturarlo en el extranjero.
El caso de Castillo ejemplifica la falta de certeza jurídica que existe en Guatemala y la desconfianza hacia los jueces que profesa hasta el mismo gobierno, quien prefiere delegar las capturas a los extranjeros. Y es que para nadie es un secreto que aquí los narcos entran y salen de la cárcel pagando fianzas o comprando jueces. Las estadísticas no mienten y vemos, por ejemplo, cómo en Colombia se han producido 87 extradiciones en un año, mientras que en Guatemala no se produce una sola desde principios de los años 90.
Pero si el caso de Castillo le pone de punta los nervios a cualquiera, el relato que Aizenman hace sobre el “territorio de Petén” es aún más preocupante.
El periodista estadounidense relata cómo a medida de que México fortaleció su patrullaje en las fronteras, Guatemala emergió como la ruta favorita de los traficantes colombianos. Se calcula que los contrabandistas transportan hasta 300 toneladas métricas de cocaína, y mucha de ella cruza las selvas peteneras, un área que las autoridades no han podido controlar y que en los últimos cinco años se ha convertido en una pista de aterrizaje libre para las avionetas de la coca.
Según Aizenman, para fortalecer su espacio, los narcos se han ganado el corazón de la población petenera que ha permanecido abandonada por el gobierno, comprando grandes extensiones de tierra, brindando asistencia médica gratuita, llevando generadores de energía y auspiciando equipos de fútbol.
Así, los narcos se han convertido no solo en los grandes empresarios sino también en los padres del pueblo abandonado, tal y como lo fueron los capos colombianos en la década de los 80.
Esta es la información que hace unas semanas le dio la vuelta a uno de los países más poderosos del mundo y que de una u otra manera debería de hacer reflexionar a nuestras autoridades y particularmente al Congreso sobre la necesidad de aprobar la ley contra el crimen organizado.
A estas alturas, los guatemaltecos nos encontramos desprotegidos si los parlamentarios no crean leyes para blindar al país y brindan herramientas a las autoridades judiciales y de seguridad para combatir la delincuencia. Es una vergüenza que desde noviembre de 2005, este tema se siga retrasando en el Hemiciclo y que los diputados huyan de sus curules cada vez que se intenta aprobarla.
Pero fue un golpe más duro que el pasado martes se dejaran fuera de la ley los delitos de la comercialización de bienes obtenidos de forma ilícita, así como el delito de robo y tráfico de vehículos, que es la segunda actividad ilícita que más dinero mueve, después del narcotráfico.
Sin embargo, hoy, los parlamentarios que han sido criticados por no velar por los intereses de los guatemaltecos tienen una oportunidad para reivindicarse ante la población aprobando esta ley que permitirá al Estado perseguir y enjuiciar al crimen organizado. Ojalá, y de una vez por todas hagan una contribución para construir un país más justo y libre.
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