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Guatemala, lunes 13 de febrero de 2012

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Opinión:

Inversión social

La reforma del Estado y el gasto social bien dirigido.

Manfredo Marroquín

Fuente menor Fuente normal Fuente grande
El país tiene rezagos sociales inmensos y recursos muy escasos para darles solución por lo que es de interés nacional buscar la mayor rentabilidad y eficiencia posible en la inversión del gasto público.Es hora de revisar a fondo la política social de gobierno que tuvo su origen a principios de los 90 cuando a tono con los vientos neoliberales, se adoptó una política social que con el argumento de atender de forma rápida y eficiente los focos de mayor pobreza, creó la infraestructura institucional que hoy conocemos como fondos sociales. Se suponía que estos fondos iban a operar de manera temporal mientras se modernizaban las instituciones del Estado. Sin embargo, la modernización nunca llegó y los fondos proliferaron. Las características de esta nueva política eran tener programas compensatorios, emergentes y focalizados a sectores sociales en situación de necesidad extrema.

El agotamiento del modelo productivo y la incapacidad del liderazgo nacional de generar nuevos motores para reactivar nuestra economía aceleró el proceso de empobrecimiento de amplios segmentos poblacionales que exigen al Estado una respuesta que el mercado todavía no consigue darles. Por eso, los escasos recursos que el Estado recauda e invierte en el área social deben buscar el mayor impacto posible. La reforma de la política social debería impulsarse para oxigenar el ambiente político y retomar con seriedad el proceso de modernización y reforma del Estado inconcluso y sin el cual no saldremos de los fracasos de cada cuatro años.

La idea sería poner a discusión nacional el destino de los recursos de inversión social buscando su reasignación a tres o cuatro programas sociales definidos en una amplia mesa con participación ciudadana que legitime el uso y destino de dichos recursos. Además de identificar los focos de inversión con mayor rentabilidad social se debería aprovechar a diseñar mecanismos de gestión más transparentes y directos entre el programa y los beneficiarios, eliminando las instancias que contaminan con sus prácticas clientelares y corruptas.

Hay programas ejemplares en América Latina que logran un impacto directo en la vida de los beneficiarios como el que premia a las familias de escasos recursos que demuestran la participación de sus hijos en la escuela, otorgándoles un estipendio hasta lograr la graduación de los mismos. En estos programas el subsidio va directo a la familia beneficiaria. El programa adquiere así un carácter de Estado que puede ser medible en sus resultados por estar debidamente focalizado y no como sucede con nuestros fondos sociales que son misceláneas que atienden de todo sin impacto en nada.
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