Justifican los peores excesos con tal de mantener el orden que más les conviene.
Juan Luis Font
Parece que fue ayer. Las víctimas y los opositores políticos de Romeo Lucas García (que son y no son los mismos) mantienen la rabia, la indignación, el desprecio hacia su figura.
Un cuarto de siglo no ha servido para atenuar su dolor y su aversión. Y eso es triste, porque significa que en términos emocionales y de ideas la vida se ha quedado empantanda en ese swampo de frustración que amarga a miles de personas.
Pero no es eso lo más preocupante que ha salido a luz tras la muerte de Romeo Lucas, ese militar grandulón, de bigote, que prefería parecer medio bobo aunque en realidad dominara cuatro idiomas, entendiera a cabalidad de estrategia militar, disfrutara de la música clásica y se hubiera convertido en uno de los pocos líderes nacionales conocedores de los dos mundos que cohabitan en Guatemala. Alguna vez se atrevió a dar una patada en el culo de un conocido finquero al cual calificó de hambreador.
Resulta aterrador que a estas alturas de la historia haya todavía en nuestro país personas que justifiquen su gestión. Y en todo caso, que estén más dispuestos a recriminarle los grandes actos de corrupción de aquellos tiempos o el favorecimiento de los negocios a la camarilla de García Granados, que condenar su triste papel como jefe de un Estado que cometió graves crímenes contra población civil.
Romeo Lucas pudo no haber mandado a matar a Manuel Colom Argueta pero, ¿acaso señaló al culpable y lo hizo consignar a tribunales? Y por favor, no me digan que con la ejecución del general David Cancinos por parte del EGP se saldaban las cuentas. Ese es solo otro episodio más de nuestra historia de sangre.
Romeo Lucas encabezó al Estado cuando este desarrolló una política institucional de persecución y exterminio de opositores, en lugar de capturarlos y someterlos a la justicia, la que fuera, la que existiera en ese momento en el país.
No puede alegar ignorancia o desconocimiento respecto a los crímenes de lesa humanidad, cuando sus compañeros de armas secuestraban, torturaban y ejecutaban extrajudicialmente.
Lo mismo se aplica para Efraín Ríos Montt y para Óscar Humberto Mejía Víctores. Ambos pueden no haber dado la orden para desaparecer a cientos de líderes sindicales y populares que colaboraban con la insurgencia y por tanto delinquían contra el Estado. Ambos pueden no haber ordenado una masacre, pero consintieron que fuerzas del Estado al cual jefeaban realizaran estos oprobiosos y cobardes crímenes sin señalar, sin castigar a un culpable.
Esas personas que hoy exculpan a Lucas, ¿estarían dispuestas a admitir de nuevo los mismos métodos ante las mismas amenazas? Nuestros dirigentes políticos de la postguerra, encabezados por Álvaro Arzú, quien no se atrevió a cumplir los acuerdos de paz que había suscrito, han preferido hacerse de la vista gorda ante un riesgo real para todos: una parte de nuestra sociedad justifica los peores excesos con tal de mantener el orden que más le conviene.
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