Está bien fortalecer el poder civil pero no en base a debilitar el poder militar.
Jorge Palmieri
Ayer expuse el iesgo de que, si nos descuidamos, habría el peligro de una trampa si en lo relativo a “la resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural” (punto 9 del Acuerdo de Paz) se llegase a invocar como “justo derecho” en las propiedades agrarias los derechos ancestrales de los descendientes de los pobladores originales de estas tierras antes de que se apropiasen de ellas los españoles y sus descendientes. No debemos olvidar que las leyes internacionales reconocen la validez de las propiedades adquiridas en revoluciones y en guerras. Si esto llegase a ocurrir se armaría aquí “la de Dios es Cristo”.
“10. El fortalecimiento del poder civil es una condición indispensable para la existencia de un régimen democrático. La finalización del enfrentamiento armado ofrece la oportunidad histórica de renovar las instituciones para que, en forma articulada, puedan garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. El Ejército de Guatemala debe adecuar sus funciones a una nueva época de paz y democracia.”
Eso de “adecuar” las funciones del Ejército tiene sus bemoles. El Ejército solo debe adecuar sus funciones a lo que ordena la Constitución de la República en el Capítulo V y artículos 244, 245, 246, 247, 248 y 249. El primero es sobre la integración, organización y fines del Ejército, y dice: “El Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia”.
En la página 455 de la Quinta Edición actualizada en 2003 del libro Constitución Política de la República de Guatemala, del licenciado Jorge Mario Castillo González, profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala con postgrado en Derecho Administrativo de la Universidad de Rosario, Bogotá, Colombia, con comentarios, explicaciones, interpretación jurídica, documentos de apoyo, opiniones y sentencias de la Corte de Constitucionalidad, dice lo siguiente: “El Ejército es una institución. ¿Qué es una institución? Es una organización fundamental del Estado de Guatemala”. Y luego agrega: “La seguridad interior” es un destino que permite al Ejército participar en el Ministerio de Gobernación y en la Policía Nacional Civil, en concepto de apoyo y colaboración, sin necesidad de requerimiento del Ejecutivo”.
En otro párrafo dice que “Los objetivos del Ejército deben ser: defender la soberanía del Estado, mantener la integridad del territorio y asumir la seguridad exterior. Se ha discutido si también le corresponde la seguridad interior, dado que la misma se deposita en la Policía Nacional Civil. En tal sentido, la clave de la interpretación constitucional radica en el término mantener. El Ejército está destinado, sin poder variar este destino constitucional, a mantener el orden interior, sostener el orden interior para evitar que se caiga el régimen constitucional, y como parte de estos destinos, defender el orden constitucional. En esta dirección, le corresponde participar en la seguridad interior”.
En cambio, lo que se hizo a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz fue disminuir la fuerza militar para que el Ejército ya no esté en condiciones para desempeñar los deberes que le asigna la Constitución de la República. Sin embargo, los subversivos podrían volver a organizarse para tratar de adueñarse del poder e imponer por la fuerza su ideología. ¡Podría ser una trampa! ¿Qué garantiza que jamás volverá a suceder? ¿La supuesta buena voluntad de quienes comenzaron el conflicto armado y desafiaron al Estado? Estamos en desventaja con una Institución Armada drásticamente disminuida y permanentemente controlada por la izquierda y los medios de comunicación que, aunque las empresas puedan ser de derecha, están en manos de periodistas de izquierda. (Continuará).
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