Las limitaciones del Pacto reflejan la precariedad de negociación del Gobierno.
Pablo Rodas Martini
En mi artículo anterior comentaba que el Pacto Fiscal de 2004 inició con tropiezos. Por un lado, la Comisión de 2004 es más junior, más “técnica” (menos “política”) y menos balanceada ideológicamente que la de 1999-2000. Por otro lado, el Gobierno y la Comisión se equivocaron en pedir a los sectores que envíen sus recomendaciones “en el vacío”, sin que medie un borrador inicial de la llamada Comisión Técnica.
Un tercer problema consiste en que, como parecería estarse planteando, no habría Pacto en sí, sino un remedo de Pacto. A estas alturas todavía no se ha aclarado el procedimiento, pero según se especula, la Comisión Técnica esperaría las propuestas de los sectores, con base en estos documentos elaboraría su propuesta, la pasaría a la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Paz, y de ahí podría ser que salieran las iniciativas directamente hacia el Congreso.
En otras palabras, la gran riqueza del Pacto 1999-2000, que consistió en lo que se dio en llamar el “penduleo” –reuniones de la Comisión de Seguimiento con sectores de la sociedad civil, por un lado, y con el CACIF, por el otro– y las negociaciones posteriores ya entre la sociedad civil y el sector empresarial, podría no llegar a darse. Si no va a haber negociación entre ambos sectores, llamémosle cualquier otra cosa –propuesta fiscal consultada, por ejemplo–, pero no le demos el calificativo de Pacto.
El cuarto problema que tiene el Pacto no es responsabilidad del Gobierno, sino de la mal llamada “sociedad civil”. La URNG tiene un poder desproporcionado a nivel de instancias de negociación social respecto al poder político efectivo que le dieron las votaciones el 9 de noviembre (2 diputados, o el 1.3 por ciento del Congreso).
En el Pacto pasado, la URNG no sólo fungía como moderador principal de la negociación, sino además controlaba, de hecho, al llamado “colectivo de la sociedad civil”, a través de militantes que durante el Pacto se quitaron la camisola de la URNG para ponerse las de X o Y instancia de la sociedad civil.
En términos más generales, un grupo de 10 o 20 dirigentes sociales se arrogan el derecho de hablar por la sociedad civil, cuando se supone que ésta es algo mucho más amplio. La culpa la tiene en gran medida la pasividad de organizaciones sociales como el Foro Guatemala, el Grupo Barómetro o el Frente Cívico por la Democracia, entre tantas otras. Son instancias que terminan siendo llamarada de tuzas, buenas para sacar comunicados de prensa ocasionales o para aparecer en las fotografías, pero que al momento de las verdades –como ahora, con el Pacto Fiscal– no son capaces de hilvanar propuestas o asumir liderazgos, por lo que terminan dejándole el terreno completo al mero activismo anti, anti y anti (anti-PPP, anti- CAFTA, anti-globalización, anti-comercio, anti-inversión extranjera, anti… casi lo que sea). Esto tiene el tremendo problema que erosiona el debate, pues lo que debería ser un debate político-técnico serio, con argumentos sólidos, termina convirtiéndose en un griterío estentóreo de estribillos y eslóganes ideológicos.
En síntesis, las limitaciones iniciales del “Pacto Fiscal 2004” no son sino una muestra de la precariedad de negociación política del actual gobierno (con la excepción de la cuarta crítica, que no le corresponde). Un día quiere tirar a la basura el Pacto de Gobernabilidad y “gobernar” con los independientes, y el otro da marcha atrás. Un día se lanza con una Comisión de Transparencia unipersonal, y el otro se percata que está actuando muy impulsivamente. El Gobierno no tiene al momento unos dos o tres operadores políticos expertos, dedicados a tiempo completo a esa actividad. Algo hacen los Comisionados, algo hacen los Ministros, algo hacen en esa dirección el mismo Presidente y Vicepresidente, pero no logran armar una estrategia de negociación con partidos políticos y con sectores sociales.
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