Estamos ante un riesgo mayor: que nos maten el idioma.
Juan Luis Font
Uno puede ser estoico y soportar a los políticos que se refieren a “los” y “las” ciudadanos, a “todos” y “todas” los compatriotas y hasta a “los miembros” y “las miembras” de tal o cual sociedad. Uno también puede sonreír ante la maña de los habitantes del planeta ONG de pervertir el uso del símbolo de la arroba para evitar que se ofendan las damas. Hasta se puede uno hacer de la vista gorda con el socorrido uso de la palabra “fémina”. Lo que sí ya es insufrible, es que llamen sexoservidoras a las putas. ¿Vamos a construir otro idioma políticamente aceptable? Las señoras prostitutas no van a lograr más o menos aceptación social porque se les endulce el nombre del oficio, como las actitudes de exclusión a las mujeres no se sobreponen añadiendo un artículo a cada sustantivo. Eso se combate como lo están haciendo las actuales diputadas, con un trabajo de mucha mayor calidad que el de la mayoría de sus compañeritos y formando nuevos cuadros para incluir en los listados de candidatas para la próxima elección.
Lo de rebautizar a las putas es ya un asunto reciclado. Años atrás, cuando Zury Ríos aún no era la flamante presidenta de la Unión Interparlamentaria Mundial, ella y su madrecita (si digo “su madre”, luego se enojan los guardianes del political correctness) se esforzaron por organizar una especie de sindicato de prostitutas o algo por el estilo. El objetivo era el mismo que se estila en estos días: reivindicar sus derechos. Las de La Línea eran las más dispuestas o seguro las más necesitadas y se apuntaron en el esfuerzo. Pues en elPeriódico le pusimos oídos al asunto y cubrimos la nota. Luego de publicarse la historia, doña Terey su patoja nos hicieron llegar un mensaje ambivalente. Como opositoras que eran en esa época, se sentían halagadas de que su esfuerzo hubiera encontrado cabida en la prensa, nomás que hubieran preferido que llamáramos “trabajadoras del sexo” a las señoras en cuestión y no prostitutas. El nombre les sonaba muy feo.
El idioma debe ser una herramienta política muy valiosa para que tantos dueños del poder y aspirantes a disfrutarlo se esfuercen por pervertirlo a su antojo.
El gobierno militar que sucedió a Romeo Lucas prohibió a la prensa referirse a la insurgencia como guerrilleros, se proscribía llamar por su nombre al EGP y se condenaba el apelativo de “rebeldes”. Los oficiales preferían que los periodistas llamáramos delincuentes terroristas a los guerrilleros porque ese otro nombre daba idea de heroicidad. La guerra debía ser considerada sólo un “conflicto armado interno”.
Por mucho que resulte comprensible el argumento de la estigmatización que se hace de las personas mediante el uso de palabras determinadas para nombrarlos, la verdad es que el idioma corre grandes riesgos a merced, tanto de los intereses creados como de la corrección política. A los presidiarios nos piden que los llamemos “privados de libertad”, a los homosexuales “personas con inclinaciones sexuales diferentes”. Las trabajadoras domésticas deben ser llamadas “empleadas de casa particular”. Tampoco se dice ilegales y mucho menos mojados sino “inmigrantes indocumentados”. Los coyotes prefieren que los llamen “guías” y los trajes típicos son trajes regionales. Y así, podría seguir ad eternum.
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