Había sucedido siempre, pero la masacre de 72 indocumentados en Tamaulipas, México, le puso rostro y cadáver a la barbarie que los inmigrantes viven a diario en su afán por entrar en Estados Unidos. Más de 1,600 de los que lo intentan son secuestrados cada mes. Decenas de guatemaltecos engrosan esas cifras. Estas historias son las de algunos sobrevivientes.
En el lapso de una década, entre 1998 y 2008, desaparecieron 60 mil inmigrantes de Centro y Sudamérica que intentaron llegar a Estados Unidos. Nunca se supo qué pasó con ellos, simplemente les perdieron el rastro. Sesenta mil personas equivalen a 2 veces el aforo del estadio de fútbol Mateo Flores, ¿cómo desaparecieron tantos cuerpos?
La cifra proviene de un informe presentado esta semana por el Legislativo mexicano, que se sustentó en estudios de varias entidades y organizaciones. Coincide, además, con la reciente matanza de 72 indocumentados en un rancho de Tamaulipas, México: 58 hombres y 14 mujeres secuestrados por Los Zetas durante su travesía hacia Estados Unidos. Al negarse a pagar el rescate y a trabajar para ellos, fueron asesinados, les dispararon en la sien. Entre las víctimas hay 5 guatemaltecos.
Pero la alarma sobre los secuestros de inmigrantes en la frontera mexicana sonaba desde hacía mucho tiempo. Un estudio muy citado últimamente es el Informe Especial sobre los Casos de Secuestro contra Migrantes en Territorio Mexicano que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) publicó en junio de 2009 para mostrar que se secuestra a al menos 1,600 migrantes por mes, la mayoría centroamericanos.
La comisión detectó 198 casos que sumaban 9 mil 758 víctimas (los guatemaltecos ocupaban el tercer lugar). Encontró que los secuestrados (o sus familiares) deben pagar entre US$1,500 y US$5 mil por el rescate, que el 77 por ciento de los plagios ocurren en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, y que la industria del secuestro le deja al crimen organizado US$25 millones por semestre.
Las numerosas publicaciones de prensa sobre este asunto han revelado que la ruta de los secuestros comienza en Tenozique (Tabasco) y termina en Tamaulipas. Los secuestradores principalmente asaltan los trenes o se hacen pasar por “polleros” y siempre plagian grupos numerosos. El cautiverio dura semanas o meses y va acompañado de hacinamiento, pésima alimentación, amenazas y golpes. Las mujeres suelen ser violadas.
La frontera está dominada por Los Zetas, quienes han coptado a pequeñas bandas que se dedicaban al asalto de migrantes y ahora deben trabajar para ellos. Pero para que el negocio sea rentable para ambos, deben secuestrar en vez de robar y pedir sumas más altas por el derecho de paso. Los plagiados que no tienen quién pague su rescate son forzados a realizar trabajos para la banda como sicariato y trasiego de estupefacientes a Estados Unidos.
La matanza de Tamaulipas sólo le puso rostro y cuerpo a un problema que era bien conocido por los gobiernos. Se sabía también que muchos secuestros de indocumentados cuentan con la colaboración de las autoridades de seguridad mexicanas. La CNDH documentó que los policías estatales o municipales participaron en el rapto de por lo menos 91 inmigrantes durante los 6 meses que duró el estudio.
La barbarie de Tamaulipas tocó sensibilidades diplomáticas, puso a México bajo la crítica internacional, supuso para varios países latinoamericanos el envío de delegaciones, el reconocimiento de las víctimas, la repatriación de los cuerpos y la posible indemnización a las familias de las víctimas (como ya ofreció el presidente Colom por los cinco guatemaltecos). Y entonces el problema sí se ha hecho relevante. Esta semana el Gobierno mexicano dio a conocer una “estrategia integral” contra los secuestros de indocumentados, para que no vuelva a ocurrir un episodio como el de Tamaulipas, y se comprometió a elaborar un mapa delictivo de rutas migratorias y fortalecer la inteligencia para desmantelar las bandas.
México concentra una de las fronteras con mayor afluencia migratoria del mundo. En los últimos 3 años, 140 mil inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, pasaron por este país para intentar llegar a Estados Unidos, según el Instituto Nacional de Migración de México, y a ellos se suman más de medio millón de mexicanos que también emigran al norte anualmente. La lista de casi 10 mil víctimas de secuestro en la frontera mexicana que registró la CNDH en 6 meses se queda corta. Los investigadores estiman que la cantidad anual de inmigrantes indocumentados que sufren el plagio puede rebasar los 18 mil.
A raíz de la masacre sin precedentes ocurrida en Tamaulipas se ha vuelto a hablar de la corrupción en las autoridades mexicanas, la desidia de los gobiernos centroamericanos por abordar el problema y la precariedad de los inmigrantes, que pese al riesgo de ser secuestrados, torturados, violados y asesinados, siguen intentando llegar al norte. “Pero no hay cómo explicar una masacre de esa índole”, opina Mauro Verzeletti, director de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica en Guatemala, que siempre ha insistido en la necesidad de discutir políticas migratorias más que leyes represivas.
El informe legislativo mexicano difundido esta semana subraya que de los 350 mil migrantes centroamericanos que cruzan México, el 15 por ciento sufre algún tipo de violencia y extorsiones, en ocasiones por parte de las propias autoridades migratorias. Los siguientes relatos ejemplifican algunos de estos casos. Por seguridad de los protagonistas se omitieron sus apellidos.
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