¿A quién va dirigida la ley de Acceso a Servicios de Planificación Familiar?
Carlos Gehlert Mata
A raíz de la aprobación por parte del Congreso de la República de la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su integración en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, se ha desatado una serie de comentarios en contra y a favor de opiniones a cual más diversas, de señalamientos y hasta de insultos y falta de respeto (ya no a personas) sino a instituciones (violando el sagrado principio de la libre expresión del pensamiento). Se ha incurrido por parte de muchos de los expositores (defensores y críticos) en una serie de mal interpretaciones, de inexactitudes científicas, de burdas falacias y de errores conceptuales. Muchos hablan de lo que creen saber y no saben.
Todo lo anterior ha traído confusión interpretativa, equívocos graves y pérdida de claridad a la hora de la toma de decisiones. Se habla de educación, de dificultades en el desarrollo económico, de riesgos innecesarios en la salud materna e infantil, del derecho al conocimiento, de influencias foráneas en las decisiones internas (familiares). Otros van más lejos, estiman que ha llegado el momento de “llevar agua a su molino” (¿racismo?).
La clave para una recta interpretación de una decisión social (no médica, no veterinaria, no económica) es la respuesta a una pregunta que usualmente no se hace reflexivamente: ¿a quién va dirigida una ley con este o semejante sentido? ¿A quién corresponde la licitud y moral de la misma?, ¿cuál es el verdadero objetivo que se busca?, ¿qué peligros reales encierra?
Cualquier iniciativa que pretenda llevar la educación a donde no llega, no solo no puede ser controversial, sino implícitamente es buena y conlleva una responsabilidad compartida (Estado-Sociedad-Familia) el apoyarla y sacarla adelante. Si dentro de este esfuerzo educativo se ha hecho un esfuerzo para poder hacer realidad “una formación sexual integral y humanista” tanto mejor. Esto último no tiene que ser “piedra de escándalo” y debería ser apoyada por todos los que creen en la libertad, en la “riqueza del conocimiento” y en el derecho de una formación integral que enaltezca la dignidad de la persona humana (que no la envilezca y no dé más fuerza al libertinaje).
Los principios fundamentales de esta educación integral han de enaltecer a las personas y no relajar y/o debilitar los fundamentos básicos de la institución fundamental de la sociedad: la familia; deben responder a una responsabilidad ética y no abrir (descarada o sutilmente) puertas para la proliferación de libertinaje sexual, ¿por qué recurrir a la falacia y a la mentira para apoyar la educación sexual? ¿Por qué si estamos hablando de educación introducir la variable económica (crecimiento vegetativo-producto interno bruto)? ¿Por qué introducir forzadamente la variable de mortalidad materna? ¿Por qué no reconocer la influencia foránea transnacional en la toma de decisiones internas (nacionales y familiares). Una cosa es apoyar el derecho de todos y todas a saber todo lo concerniente a una educación sexual integral y otra es omitir enseñarles las consecuencias negativas (orgánica y psicológicamente) de ciertos “métodos anticonceptivos” que obligan a tomar a gruesos sectores de población (más pobre y marginada). ¿Por qué no aceptar públicamente que algunos medios anticonceptivos sí son abortivos (DIU, píldoras que impiden al endometrio la nidación de óvulo fecundado, píldoras de “emergencia” o para “el día siguiente”). ¡Que impere la verdad!
Apoyamos la “formación sexual integral” que respeta la dignidad y vida humana. “En última instancia es a los padres a los que toca decidir, con pleno conocimiento de causa, el número y distanciamiento de hijos, aceptando su responsabilidad… ante los hijos que ya han traído al mundo y ante la comunidad a la que pertenecen, siguiendo las exigencias de su conciencia… libertad y ética.” No se aceptan las presiones (y amenazas). Lo haremos nosotros a “nuestro estilo” y bajo nuestros principios. ¡No al libertinaje impuesto!
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