Dos años tardó la Fiscalía de Derechos Humanos para incluir en la investigación del asesinato del sacerdote José María Ruiz Furlán, padre Chemita, a María del Carmen Vela Ruiz, sobrina y ex administradora de las empresas del religioso.
Esta es la primera vez que dentro de las diez hipótesis que la Fiscalía manejó desde diciembre de 2003 –de las cuales desechó siete–, en que se solicita ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal acceso a las cuentas bancarias de la, hasta agosto de 2004, encargada de las finanzas del clérigo.
El Ministerio Público (MP) trata de verificar seis cheques emitidos por Vela, quien por 14 años tuvo a su cargo la administración y contabilidad de la agencia de viajes Tierra Santa, propiedad de Ruiz Furlán.
“Pedimos investigar las cuentas de la sobrina, pero aún esperamos la autorización”, se limitó a indicar Marco Tulio Escobar, fiscal del proceso.
La petición de la Fiscalía, de investigar hasta ahora a Vela, es cuestionada por los demás familiares del padre Chemita, pues creen que eso debió realizarse después del asesinato, ocurrido el 14 de diciembre de 2003.
“La actitud del MP es dudosa, pues desde el inicio se debió investigar a todos los allegados del sacerdote. A la familia lo único que le interesa saber es quién es el responsable de su muerte, sin importar que este sea un familiar”, recalcó José Nájera, administrador de los bienes de la familia Ruiz Furlán.
Las feligreses involucradas
El Fiscal se abstiene de dar la razón por la que investiga a Vela. Las explicaciones las dan ex investigadores del caso. Según ellos, la sospecha se basa en la actuación de María del Carmen Barrera Aragón y su hija Carmen Lucia Dávila Barrera, dos feligresas que acompañaban al sacerdote cuando fue asesinado de cinco disparos en un sector de la zona 5.
Vecinos del lugar dieron a conocer que, horas antes de su muerte, Ruiz Furlán había salido de la iglesia Santo Cura de Ars hacia su vivienda acompañado de las señoras Barrera, pero ellas lo negaron. Fue hasta febrero de 2004, cuando acuden a declarar, que lo confirman.
Ante esto, se solicitó al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal su arraigo, pero luego se dejó sin efecto esta medida pues ambas colaboraron con la investigación. El caso fue trasladado al Juzgado Décimo del Ramo Penal.
Los investigadores del MP sostienen que las mujeres no auxiliaron al párroco, sino corrieron hacia la iglesia por una ruta más larga para pedir el número telefónico de Vela. Ellas se comunicaron con la sobrina desde un teléfono público. Las Barrera aceptaron haber estado en el lugar, pero no dicen nada de la llamada.
Un año y medio después del crimen, en junio 2005, los familiares solicitaron al juzgado realizar una prueba de ADN contra las Barrera para compararla con los cabellos localizados en el cuerpo de la víctima.
Según consta en el expediente, en octubre de 2005 la Fiscalía se opuso a la petición de los querellantes por considerar que las Barrera son testigos. Pero, en diciembre del mismo año, la juez Patricia Gámez autorizó la prueba, aunque no se ha podido realizar porque ellas se rehúsan.
Otras razones
En la Procuraduría General de la Nación se localizó un documento, al cual elPeriódico tuvo acceso. Este refiere que Vela, tres días después de la muerte del sacerdote, entregó el acta de defunción ante la Municipalidad de Guatemala y ese mismo día obtuvo de la Comuna de Patzicía, Chimaltenango, un acta de nacimiento del padre Chemita.
La documentación fue adjuntada al acta realizada el 19 de diciembre de 2003, para el trámite de intestado de los bienes del clérigo, con la cual se le nombra administrador provisional del patrimonio de su tío, con la supuesta aceptación de los demás beneficiarios. Sin embargo, en agosto de 2004 se nombró a José Nájera como albacea.
elPeriódico intentó obtener la versión de Vela Ruiz, pero no fue posible localizarla. En su oficina, agencia Nueva Tierra Santa, ubicada en el edificio Atlantis, dijeron que ella no se encontraba.
Golpeado antes de su muerte
El reporte emitido por el Servicio Médico Forense del MP y enviado a la ex jefe de la Unidad de Derechos Humanos Thelma Peláez de Lam, el 18 de diciembre de 2003, da cuenta que el sacerdote fue golpeado antes de su muerte. Este informe hace pensar a los familiares de la víctima que él intentó defenderse y huir los delincuentes, pero estos le dispararon por la espalda. Otras de las evidencias fueron varios cabellos encontrados en una mano del sacerdote.
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