Después de seis meses de evasión para permitir la extracción de sangre para realizar la prueba de ADN con varios cabellos localizados en una mano del sacerdote José María Ruiz Furlán, conocido como padre ‘Chemita’, el 19 de diciembre de 2003, ayer un químico biólogo del Ministerio Publico (MP) sustrajo estas muestras a María del Carmen Barrera Aragón y su hija Carmen Lucia Dávila Barrera.
Las dos feligresas acompañaban al sacerdote cuando fue asesinado en un sector de la zona 5. El Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal realizó la diligencia en una vivienda ubicada en el kilómetro 35, aldea Matilandia, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
“Fueron embaladas las muestras de sangre y se dejaron en custodia del perito para que sean analizadas por el MP. Ellas no se opusieron, pues indicaron que no se encontraban con padecimientos graves para que se les pudieran sacar las muestras. Además, explicaron que por temor no habían acudido a realizarse esta prueba, pues sufren persecución y amenazas”, explicó Patricia Gámez, juez décimo de Instancia Penal. Las pruebas de sangre serán enviadas al laboratorio de la Universidad de España para su análisis.
La Fiscalía, por el momento, deberá esperar los resultados para saber a quién pertenecen las evidencias. Tres años después del hecho, Barrera Aragón habló de lo sucedido el día que asesinaron al sacerdote. “Ese día fue todo tan rápido, nosotros vimos a un hombre alto, fuerte y con mirada penetrante, que le disparó al padre, mi primer impulso fue agacharme y jalar a mi hija. Salimos corriendo para avisar a la gente, pues pensamos que se encontraba herido”, refirió Barrera Aragón.
La considerada aún testigo del MP en este caso, recalcó que esa noche llamó a María del Carmen Vela Ruiz, sobrina del sacerdote, pues sabía que se comunicaba de forma frecuente con ‘Chemita’.
Es precisamente Vela Ruiz y otro sobrino, de quien no se revela el nombre, a los que la junta de herederos pretende dejar fuera de la lista de las 25 personas que tienen derecho a cobrar la fortuna del sacerdote. Además, solicitarán al Juzgado que se investiguen los movimientos bancarios de diciembre de 2003 a agosto de 2004. “Antes de su muerte, el sacerdote tenía sospechas de malversación de fondos, por eso queremos que se investigue”, dijo Maco Avendaño, representante legal de la familia Ruiz Furlán.
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