Finalmente, nuestro “flamante” Congreso de la República se desenmascaró. La semana pasada, cuando la Ley del Crimen Organizado estaba por ser aprobada dije que esta sería un termómetro para medir el pulso de los parlamentarios y saber si se encontraban legislando a favor de la población honesta, o bien por los derechos criminales.
Y como dice el refrán, “el pez por su boca muere” y fueron ellos mismos quienes evidenciaron que su legislación está a favor del narcotraficante, del secuestrador, del contrabandista, del robacarros. Nuestro Congreso está creando leyes en pro del crimen y se hacen evidentes los poderosos hilos de la mafia, que mueven a los parlamentarios como marionetas.
Solo de esta manera se puede explicar que los diputados se atrevieran a reducir a la mitad las penas carcelarias de 28 delitos de alto impacto y dejaran fuera de la penalización de los delincuentes que roban carros dentro del territorio nacional.
En un país donde casi toda su población ha sido víctima de secuestros, robos, agresiones o asesinatos de un familiar resulta una ofensa que sus diputados, lejos de encontrar vías para penalizar el crimen, otorguen a los delincuentes herramientas de impunidad.
Y si no, que lo digan los reos condenados en la prisión de máxima seguridad, que llegaron al colmo de enviar una carta a sus “honorables diputados” agradeciéndoles la aprobación del decreto “porque de ahora en adelante sus condenas podrán ser reducidas a la mitad”.
Nadie puede creer la farsa del diputado Oliverio García Rodas, ponente de la iniciativa, cuando dice que existió un error de redacción.
Nadie puede creer que “reducir penas” es sinónimo de “endurecerlas”, mucho menos en un Congreso, compuesto por 158 diputados y otros cientos de asesores, donde deberían de existir cabezas pensantes que legislarán en favor de los temas de urgencia nacional.
Monseñor Rodolfo Quezada Toruño dijo en su homilía del pasado domingo que en los últimos años han muerto más personas que cuando ocurrió el enfrentamiento armado interno.
Sus palabras, encierran la cruda realidad de un país dominado por la cultura de la muerte y el terror. Es evidente que el crimen nos está exterminando, y sus tentáculos se han extendido hasta tocar a diputados, que además de incapaces y mediocres se han convertido en los abogados del diablo.
Puedo imaginar la frustración y desamparo que sentirán las víctimas de la violencia que han recorrido un largo vía crucis en los tribunales de justicia para conseguir que sus agresores sean condenados, y hoy como humo ven que el mismo Congreso legisla en contra de ellos.
Aunque tras el escándalo, los diputados hayan decidido por unanimidad rasgarse sus vestiduras y juren enmendar el “lamentable error”, es hora de señalar a los responsables de nuestra degradación.
En el libro negro de nuestra historia deberían ser incluidos los nombres de quienes signaron la ley de la aberración. Entre ellos, los diputados del partido oficial Gana: Virna López, a quien señalan de promover y redactar la enmienda; Waldemar Barillas, recolector de las firmas; Sergio Camargo, Eduardo Zachrisson, José Conrado, José García, Gabriel Heredia y Hugo Hun. Mientras que de la UNE, debería permanecer escrito el nombre de Mario Pivaral, y del FRG, Juan Santa Cruz.
Sin embargo, existen otros que, tras las bambalinas, movieron los hilos para aprobar las aberrantes enmiendas. Entre ellos, el oficialista Oliverio García Rodas, acusado de dar el visto bueno a las enmiendas y el eferregista, Luis Fernando Pérez, quien pidió al pleno que se sometieran a votación los cambios de reducción de penas.
La mayoría de estos personajes tienen una cuestionada trayectoria. Por ejemplo, Juan Santa Cruz es un personaje acusado a dirigir a las turbas del Jueves Negro con su gorro pasamontañas, pero que además participó en la alteración de la ley de bebidas alcohólicas, en el año 2000.
Virna López recientemente protagonizó un escándalo cuando se descubrieron las cartas que enviaba al Fiscal General para solicitarle plazas para sus allegados y Luis Fernando Pérez, conocido como el mecánico, utilizó durante el régimen de Portillo, su tráfico de influencia para conseguir millorarios contratos para que su taller reparara los vehículos de Guatel.
Ante estos lamentables sucesos, que bien podrían ir a parar a las crónicas de Ripley, no queda más que esperar que el presidente Óscar Berger vete este decreto y que, aunque sea por vergüenza, los legisladores enmienden sus atropellos.
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