Eran las 6:45 horas del 6 de mayo pasado, cuando una autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) circulaba a inmediaciones del Hospital Hermano Pedro, Anillo Periférico, zona 11. Al ver pasar el vehículo que transportaba gasolina, inició su persecución, obligando al piloto a que detuviera la marcha.
El conductor observó que en la patrulla, además de dos agentes, también viajaban dos personas de particular. En ese momento llamó a sus jefes para que se activara la alarma, ya que no le parecía normal que lo detuvieran.
Y tenía razón. Unos minutos después de parquear el vehículo, los desconocidos que acompañaban a los policías, uno de ellos identificado como Carlos Estrada Guzmán, rodearon el cabezal y le indicaron que se trataba de un asalto.
Al piloto lo dejaron abandonado en la calzada Aguilar Batres y tras presentar la denuncia del robo, las autoridades policíacas asignaron a seis elementos de la Unidad de Protección de la Escena del Crimen para localizar el cisterna. La búsqueda culminó tres horas después, en la 49 calle de la avenida Petapa, zona 12. Allí funcionaba una gasolinera donde ya estaban descargando el producto. En la cabina del automotor aún se encontraba sentado Estrada Guzmán.
Solo compraban
gasolina barata
Según la declaración ante el juzgado, el despachador de la gasolinera, Darío González Chicoj, ese día a las 8:00 horas recibió la orden del administrador de ese local, Daniel Santos Domínguez, para descargar el camión. Actividad que se realizaba cuando fue capturado.
Santos Domínguez argumenta que ese día llegó Estrada Guzmán y le ofreció la gasolina a Q10 el galón si le pagaba en efectivo, trato que aceptó.
En total, serían ocho mil galones los que compraría sin el respaldo de factura. Indicó que pese a no tener la facultad de hacer ese tipo de negociación, lo hizo pues consideró que era un buen precio.
Al administrador se le decomisó un arma de fuego calibre 9 milímetros, que dijo tener para defensa personal debido a que en la “Petapa hay muchos ladrones”. Tras la investigación preliminar se determinó que el expendio de gasolina era del diputado Héctor Loaiza Gramajo.
Loaiza es demandado por la empresa Texaco, quien lo acusa de incumplir desde hace más de un año un contrato por la compra de ese producto, sin embargo, siempre contaba con suministro.
Aquí radica la duda de los fiscales respecto al origen del carburante que se vendía, pues solo existen facturas donde supuestamente consta la compra de este producto entre varias gasolineras.
El fiscal del caso, Rony López, dice que no se ha iniciado una persecución penal contra el congresista, debido a que el caso está en investigación. Y que la petición de antejuicio deberá esperar en tanto se recolectan las evidencias.
El Ministerio Público (MP), por el momento, se ha dedicado a realizar allanamientos a distribuidoras de gasolina que podrían tener relación con el congresista y que pueden estar vendiendo este producto de procedencia dudosa.
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