El 26 de junio pasado, familiares del empresario Rolando Corado Samayoa denunciaron su desaparición en horas de la mañana. En la tarde, delincuentes se comunicaron con la familia para hacerles saber que él había sido secuestrado y si querían verlo nuevamente tendrían que dar Q3 millones. La familia no dio lo solicitado, pero sí una suma considerable.
El 29 de junio fue encontrado el cadáver de Corado Samayoa a la orilla del camino que lleva a Chiquimulilla, Santa Rosa. Un mes después fue capturado un agente policíaco, acusado de ser uno de los responsables del hecho. Unos grilletes encontrados en la víctima lo delataron.
Personal de la Unidad Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (P NC) dice que no hay parámetros para determinar cuántos agentes podrían estar involucrados en estos hechos, pero aseguran que el número es “significativo”. Omar Contreras, jefe de la Unidad Antisecuestros del Ministerio Público (MP), declara que en muchos casos testigos informan que “hombres con apariencia de policías y en carros que parecen de la Policía” se llevan a las víctimas, pero aclara que no se ha probado nada.
Agrega que en el año han sido detenidos tres agentes policíacos acusados de secuestro. “Y los tres fueron esta semana (dos detenidos el domingo 31 de julio y otro el 1 de agosto), aunque un secuestro se dio el año pasado”.
Con toda las herramientas
Para investigadores policíacos, los agentes de la PNC tienen toda la facilidad para realizar los secuestros. “Poseen armas, vehículos y logística para realizar el plagio”, dice uno de los detectives que prefiere omitir su nombre.
Añade que un caso evidente fue cuando el ex subcomisario Rudy Girón Lima llegaba a la Unidad Antisecuestros a pedir los expedientes de los casos para tener información. “Como él tenía un puesto en la secretaría técnica de la PNC, venía y pedía los expedientes de determinados secuestros. ¡Claro, en los que él estaba involucrado¡, eso lo hacía para enterarse de cómo estaba la investigación y no seguir cometiendo errores”.
Al mismo tiempo agrega que cuando notaron esto, decidieron darle carpetas donde no estaba toda la información. “Solo así logramos detenerlos”.
Para Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), esto demuestra que la Policía continúa siendo una institución débil. “Faltan controles internos y la depuración real. No es que todos los agentes estén involucrados, pero si hay un alto número”.
El ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, indicó que “no es posible que los juzgados de trabajo instalen nuevamente a los policías corruptos y a mí me multen con Q2,000 mil”. Además, insinúo solicitar al Congreso un año de gracia para poder despedir a policías sin derecho a que vuelvan a ser instalados por orden de juez. “Puede que paguen justos por pecadores, pero esta fue la única forma de limpiar a las fuerzas de seguridad en Colombia”.
El proceso de despido normal de un agente puede llevar hasta dos años, esto porque un juzgado de trabajo tiene que evaluar el expediente.
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