Yolanda Pérez Ruiz, presidenta de la Sala Décima de Apelaciones y especialista en Derecho Penal, hace un pequeño diagnóstico sobre las condiciones del sistema de justicia actual. Enfatiza en la necesidad de controlar todas las dependencias y, sobre todo, en la urgencia de volverlas eficientes. El período pasado, dice, se caracterizó por una crisis de “eficientismo”.
Con un nuevo Fiscal al frente del Ministerio Público, ¿cómo percibe la situación actual?
–Todavía se plantea la discusión sobre la legalidad y constitucionalidad del nombramiento. Aunque a estas alturas pareciera poco importante, es un tema relevante para la institucionalidad del país. Es un tema que debería ventilarse y que debería preocupar tanto al nuevo fiscal como al Gobierno. Solamente si las cosas nacen bien, se hacen viables en el futuro.
¿Cuál debería ser el papel del MP dentro de un sistema constitucional democrático?
–Un amigo suele decir que la verdadera revolución que ocasionó la vigencia del Código Procesal Penal no es en que nuestro sistema de enjuiciamiento sea oral y público. La verdadera revolución la encontramos en el papel del MP dentro del proceso penal. Se convierte en el verdadero protagonista, dejamos de tener un juez de instrucción para tener un fiscal. Sin la investigación que realiza el fiscal es imposible concretar la aplicación del Derecho Penal y la aplicación de la justicia penal.
Desde que entró en vigencia el Código Procesal Penal, son pocos los esfuerzos para que este nuevo sistema camine. ¿Cómo hacer para que el MP tome entonces su papel?
–Es fundamental la voluntad política: asumir tanto por el Estado como por la sociedad misma que la justicia no es cuestión barata, sino que, al contrario, la justicia es un bien muy caro. No digo suntuoso, sino de primera necesidad, pero muy caro. Se necesita elemento humano capacitado y capacidad material instalada. Tenemos otra parte importante: la cuestión técnica. Se necesita un cambio de mentalidad. Ser fiscal o estar en el MP no implica ser un perseguidor por naturaleza, sino perseguir el delito de conformidad con la ley.
¿Cuáles son las principales urgencias del sistema de justicia actual?
–La primera: establecer mecanismos de control internos y externos que permitan saber cuántos casos ingresan, cuántos son procesados, cuántos son llevados a juicio y cuántas condenas se consiguen. Con eso se establece cuán rápidamente funciona el sistema, en dónde están las cosas que debemos solucionar y dónde se debe invertir. Esos mecanismos no existen, es decir, somos un país que carece de estadísticas y las que tenemos son incompletas. Por ejemplo, en la Policía se manejan estadísticas de homicidios, pero ¿qué de las estadísticas sobre estafas, violaciones, robos, delitos de cuello blanco? Ni aun en la Fiscalía existen estas estadísticas, entonces nunca podremos saber cuál es el problema delincuencial más grande en Guatemala, cómo combatirlo y dónde invertir. Todo lo anterior se refiere a nivel interno. En cuanto al externo, la población debe saber en dónde se invierten sus impuestos y si es para bien o para mal.
¿Qué tan difícil será llegar a esto?
–Estamos en un momento coyuntural, los guatemaltecos hemos descubierto la necesidad del control de nuestras autoridades. Quienes trabajan en el sector justicia probablemente sean los más renuentes al control. Sin embargo, es una garantía para la población y también para el controlado. Un nuevo Fiscal debería comprometerse a esta fiscalización –tanto interna como social-.
Pero la sociedad cada vez confía menos, ¿qué se puede hacer?
–Otras de las urgencias son la calidad y la eficiencia del servicio. A la población le interesa ver resueltos los conflictos que plantea al sistema. El MP es uno de los canales de entrada al sistema de justicia. Interesa saber cuán eficientemente trabaja, no es cuestión de decir “venga mañana, consiga los testigos”; no es eso. El trabajo del MP es que una denuncia provoque una investigación y que esa investigación dé pie a establecer la posibilidad de que alguien haya podido cometer una acción delictiva, para luego solicitarle al juez que lo cite, que dicte una orden de captura, etcétera. Es eficiente cuando se resuelven las situaciones que plantea el usuario; obviamente, la solución no va a ser necesariamente la que el usuario espera.
En cuanto a calidad, evidentemente vamos a la capacitación. Recibir cursos no es estar capacitado. La educación para adultos se basa en que el adulto aprende aquello que le va a ser útil. Se necesita potenciar habilidades personales, ya sea como fiscal, como juez o como policía. Lo importante es cambiar mis actitudes: que deje de ser un carcelero y un perseguidor de sombras para perseguir o castigar respetando la Constitución.
¿Cree que el MP sólo ha sido un simple perseguidor de sombras?
–Yo creo que es una crisis de “eficientismo”, que es distinto a eficiencia. Hay un gran afán de querer mostrar resultados. Si yo juzgo por los expedientes que a diario veo aquí en la sala, concluyo -y no quiero ser exagerada- que en el 95 por ciento de los casos donde hay captura y auto de prisión, la Fiscalía únicamente se basa en la prevención policial y en la declaración del imputado, quien generalmente dice que no cometió el hecho. Así se inicia la persecución penal sin nada, sin una investigación previa, entonces, como que existiera la obligación de que presentada la denuncia tiene que haber un preso. No es así, tiene que haber investigación y con base en eso va a ver un preso, un enjuiciado y un condenado.
Muchas veces, los culpables salen libres por falta de pruebas de la Fiscalía…
–Así es. El fiscal debe tener conciencia de que quien decide bien o mal es el juez, pero que lo hace sobre la base de lo que él le presentó, sobre los medios que él facilitó. Esa sentencia no es atacable por la prensa, pero sí mediante un recurso y puede definirse en otra instancia. Si nos convencemos cada uno de nuestras funciones y las hacemos bien, vamos a ver que lo que podemos hacer es trabajar coordinadamente. Es muy importante que el MP en su investigación reciba toda la colaboración de los entes del Estado y, esencialmente, que sus brazos, ojos y pies –que son la Policía– trabajen coordinadamente con él, que si necesitan la colaboración del órgano jurisdiccional, éste se los dé pronto, pero también las autoridades que controlan los centros de detención le lleven al juez el preso rapidamente y no se convierta en un calvario para el detenido. Eso facilitaría mucho la labor de los fiscales, la de los defensores y la de los jueces. También, obviamente, de la Policía, pero para todo esto se necesita la voluntad política de todos.
¿Qué efectos negativos tiene para la democracia la destitución del fiscal por parte del Ejecutivo y que tome las riendas un diputado del partido oficial?
–No importa quién sea la persona destituida ni quién sea la persona para ocupar ese lugar. Lo más trascendente es respetar los procedimientos y lo que la Constitución ha establecido. Es fundamental porque la institucionalidad del país vive una profunda crisis.
Era claro que el consejo del MP debía designar al nuevo fiscal.
–De acuerdo con la Ley Orgánica del MP, quien debe nombrar al sustituto interino es el Consejo del MP.
El presidente Berger anunció que será la última vez que él nombre a un fiscal y que va a ampliar los mecanismos para que no sea así. Todo, con el fin de que el Ministerio Público tenga verdadera independencia ¿Qué opina de eso?
–Yo creo que en la medida en que las instituciones –como el MP, el Organismo Judicial, la misma Corte de Constitucionalidad y todos estos entes que por su función tienen que ser independientes– tengan injerencia de los otros poderes, actuarán muchísimo mejor. Pero aunado a esto, tienen que existir los mecanismos de control interno y externo de los que hablaba antes. Sólo así, todo el mundo puede estar seguro de que el funcionario o que el ente estatal va a ser independiente, pero no arbitrario.
¿Por qué cree que casos como la Conexión Panamá o el “jueves negro” no se desarrollaron en la administración anterior?
–Pues yo creo que lo que falló fue la investigación. No puedo decirle si fue intencionado o no, es decir, sería poco ético y poco profesional de mi parte. Lo que sí creo es que hay algunas fallas en la investigación. Me parece que dependiendo del delito uno debe focalizar su atención en aspectos específicos fundamentales.
¿Cuáles son sus expectativas del papel que debe desempeñar el nuevo Fiscal?
No tanto como funcionaria del Organismo Judicial sino como ciudadana, como una guatemalteca más que paga sus impuestos y que quiere vivir en un país que progresa, que es seguro, en el que se puede vivir. Yo diría que la ley orgánica del MP, la constitución de la República y el Código procesal penal son claros en cuanto a la función del fiscal general y jefe del MP y también sobre las funciones de cada uno de los fiscales. Mi ambición mas grande sería que ellos y que todos nosotros cumplamos con todas las funciones que la ley nos señala.
Si casos como los anteriores –que estaban en el ojo de la prensa y de la opinión pública– fueron engavetados, ¿qué se espera para los casos de menor trascendencia?
–Si usted suma todos los casos “intranscendentes” resulta que tenemos la enorme insatisfacción social en relación con la justicia y la seguridad. Habrá casos a los que nunca se les encuentre solución, porque eso ocurre en todos los lugares del mundo, ya sea por falta de interés o por falta de elementos. Lo que debemos buscar es que la mayoría de los casos sea solucionada y también tener muy en cuenta que no todos los casos que se denuncian son verdaderos o son delitos.
¿Qué se podría hacer para lograr un cambio de actitud en los fiscales?
Yo creo que no solo en los fiscales sino en todos los ciudadanos. En el caso de la investigación penal y del juzgamiento de asuntos penales ninguno de nosotros posee la verdad absoluta nuestra capacidad como seres humanos para alcanzar la verdad es relativa. Siempre debemos dudar de nuestras conclusiones.
Con todos los escándalos del gobierno anterior que están saliendo a la luz pública, ¿No cree que la fiscalía puede perder su verdadero papel al prestarse únicamente a la persecución de altos ex funcionarios?
Yo creo que eso va a depender del titular del MP. Dependerá de si él es suficientemente objetivo para no dejarse llevar por las presiones que le dicen que es indispensable perseguir funcionarios públicos solo porque hayan sido funcionarios públicos, que pertenecieran a un partido o a otro. Yo creo que la principal arma que debe utilizar tanto el titular del MP como todos los fiscales es la objetividad. Deben diferenciar que es lo urgente y que es lo importante, que lo urgente no necesariamente es importante.
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