La falta de un marco legal que permita investigar a fondo los crímenes en el país preocupa a Philip Alston, relator de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales.
La impunidad y el débil marco legal que existe en Guatemala hacen del país uno donde, según el relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, “se puedan cometer asesinatos y salir libre”. Esta fue una de las conclusiones a las que llegó ayer luego de reunirse esta semana con distintos sectores para evaluar la situación del país en este tema.
El Relator comentó que aunque el Estado no es responsable de las 5 mil ejecuciones que registran al año, sí tiene una correspondencia por no “investigar, perseguir y enjuiciar” a los culpables de estos crímenes. De estos asesinatos, sólo el 5 por ciento llega a ser condenado, el resto queda impune.
Alston agregó que esta cifra anual de ejecuciones sobrepasa en promedio a las muertes violentas durante los 36 años de guerra civil, entre ellas, el asesinato de mujeres: que se ha incrementado en los últimos años. Comentó que se sabe de denuncias de limpieza social que deben ser investigadas, esto en relación a los cuerpos de posibles pandilleros asesinados en los últimos meses con muestras de tortura y con notas en la escena del crimen.
Pero la culpa de estos rezagos, no sólo la tiene el Estado, pues según Alston, la falta de acción de la sociedad civil, la indiferencia de la comunidad internacional, la renuencia a pagar impuestos por parte de los empresarios y los retrasos en la agenda legislativa para aprobar leyes de seguridad, son también los responsables de este problema. “Se piensa que habrá una varita mágica para arreglar el problema, pero esto solo se soluciona con cambios de fondo a las instituciones”.
A decir de Alston, en este momento Guatemala se encuentra ante dos encrucijadas. La primera es caer en las prácticas de hace dos décadas, de mano dura, o la de reformar las instituciones dedicadas a velar por la seguridad, “pero la realidad parece ser que ante la falta de apoyo y fondos, la primera opción, no sólo es la más atractiva, es la única”.
El comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, Frank La Rue, comentó que ante la falta de recursos, es difícil cumplir con un Estado de Derecho y con una sociedad que busca más y mejor seguridad. “Pero no sólo eso, la carencia de un marco legal, limita en mucho las acciones que pueda tomar el Estado para actuar”, acotó el funcionario.
A criterio del Relator, esto permite que grupos estatales actúen de manera impune y realicen ejecuciones extrajudiciales como era común en los años setenta y ochenta. “Cambien la frase ’mano dura’ por ’doctrina de seguridad nacional’ y tienen casos como los que pasaron en Argentina, Uruguay, Brasil, ustedes conocen la lista”, dijo. Él presentará su informe final en dos meses, pero, dará un borrador al Gobierno guatemalteco en dos semanas.
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