El presidente Óscar Berger en consejo de ministros declaró lesivo el contrato que permitía a Ferrovías utilizar el equipo de FEGUA y 12 locomotoras viejas.
Las diferencias entre Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) y su concesionaria Ferrovías llegaron a tal punto que el gobierno declaró lesivo el contrato que le permitía a la empresa privada utilizar su equipo y 12 locomotoras aún activas.
Según Arturo Gramajo, interventor de Fegua, desde hace más de un año analizaban declarar la lesividad del contrato, que fue publicada el viernes pasado en el diario oficial. Ahora Ferrovías tendrá 90 días para presentar sus argumentos e iniciar un juicio de lo contencioso administrativo para rescindirlo.
Por su parte, Jorge Senn, gerente general de Ferrovías, explica que las diferencias que existen por el usufructo del equipo ferroviario (12 locomotoras en activo), está bajo una negociación de arbitraje, como se establece en una de las cláusulas contractuales y la declaración de lesividad es un último recurso que utiliza el Gobierno para seguir incumpliendo los contratos de la concesión.
Garantizar el derecho de vía (desalojar a más de 4 mil familias que viven a lo largo de la vía férrea) y el traslado de los Q17 millones obtenidos por el arrendamiento de las instalaciones de la empresa estatal en Puerto Barrios, Izabal, a un fideicomiso para construir y reparar la línea férrea, porque en muchos tramos ya no existen rieles, son los incumplimientos a los que Senn se refiere.
Mientras Ferrovías prepara su estrategia legal para enfrentar la declaración de lesividad del contrato y continuará el proceso de arbitraje en el Centro de Negociación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Senn asegura que no dejarán transportar la carga de sus clientes desde Puerto Barrios hasta Guatemala.
Mario Gordillo, procurador general de la Nación, indicó que están recabando pruebas y conociendo a fondo el caso para plantear el juicio contencioso.
El argumento del Estado es el resguardo de los bienes de Fegua ante el incumplimiento del contrato por parte de Ferrovías, que desde 1997 tiene a su cargo la concesión del servicio por un plazo de 50 años, explicó el funcionario.
Pero a decir de Senn, lo anterior envía una mala señal para los inversionistas y sienta un pésimo precedente para la certeza jurídica en el país.
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