Aproximadamente 500 policías viajaron para efectuar el desalojo que fue dividido en cinco puntos. Los afectados afirman que no se tiene certeza jurídica de que la finca sea propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel.
Luis Ángel Sas
Un poco más de 500 policías en conjunto con el Ministerio Público (MP) procedieron ayer a efectuar un desalojo de personas que permanecían en supuestas propiedades de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) que se ubica en El Estor, Izabal y alcanza hasta el departamento de Alta Verapaz.
El operativo se dividió en cinco fases, en igual número de desalojos, supuestamente uno por cada finca. Al cierre de la edición, se había llegado a tres lugares y no se reportaba problema alguno. El jefe de operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Francisco Sánchez, indicó que para llevar el desalojo de cerca de 200 familias, tuvieron que trasladar policías de varios departamentos del país.
“Utilizamos la agrupación norte de la Fuerza Especial (FE) de Cobán. Además, gente de Izabal, Peten, Jalapa, Zacapa, Chiquimula y El Progreso. Solo viajaban con equipo lacrimógeno”, indicó Sánchez. Además mencionó que se quedarían a acampar en el lugar para continuar la acción hoy, puesto que así se decidió por parte del MP. Fuentes policíacas informaron que se temía un recibimiento violento por parte de los vecinos, pero no fue así. De hecho Sánchez dijo que al segundo punto donde llegaron no encontraron a persona alguna, solo restos de laminas, cartones y otros tipos de materiales. Denuncian ilegalidades.
El Coordinador de la defensoría Q’eqchi’ de Izabal, Arnoldo Yat, informó que las autoridades llevaban únicamente dos órdenes de desalojo y no cinco. “Primero llevaban solo dos ordenes. Una de la finca 3797 Cahaboncito norte y la otra de la finca 3492, que corresponde a la finca Lote 8. En cuanto a las otras fincas: La Unión, La Pista y Revolución no tienen orden”. Agregó que aparte de esto, autoridades gubernamentales aún investigan si en verdad le pertenece a la CGN. Sin embargo, Regina Rivera, gerente de Relaciones Corporativas de la compañía, indicó que se emitieron cinco órdenes de desalojo, una por el Juzgado de Alta Verapaz y los demás por el Juzgado de Izabal. “No hay un proceso en marcha para determinar de quién son las tierras, pues CGN posee los documentos legales, los cuales le acreditan como propietaria.
Yat contradijo esto y mencionó que hay personas que tienen más de 50 años de vivir en el lugar, “mucho antes de que se asentara la empresa en el país”, por lo que solicita a las autoridades que se continúe con las pesquisas.
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