Entre las bancadas, también se habla de un nuevo ámbito: el de la “gobernabilidad” y es digno de reflexión.
Francisco Villagrán Kramer
La prensa ha comenzado a criticar la inacción del Congreso, la manera de reformar las leyes y el gasto público en cosas como viáticos y almuerzos para los diputados. Asimismo, critica a algunas bancadas, por ejemplo, a la del Patriota. Por otra parte, están los intereses de los partidos con diputados que generan problemas internos en el Poder Legislativo y las presiones de los grupos externos de presión, como es el caso, por ejemplo, de las ONG de Derechos Humanos y la CICIACS, por lo que se teme que no sea factible en Guatemala un sano desarrollo parlamentario.
Entre las bancadas, también se habla de un nuevo ámbito: el de la “gobernabilidad”, y es digno de reflexión, toda vez que el ámbito de la gobernabilidad lo configuran, básicamente, los Poderes Ejecutivo y Legislativo. En ese esquema bilateral, el Congreso puede frustrar las acciones del Ejecutivo; también puede orillarlo al desastre político y, desde luego, puede contribuir a que salga avante. El esquema de relaciones políticas y financieras que las bancadas de la DC y UCN en el Congreso obligaron al presidente Serrano a aceptar, ilustra un caso, no de gobernabilidad, sino de “ingobernabilidad”. Como se sabe, el precio que pagaron Serrano y ambos partidos fue elevado. Lo delicado, hoy, es que aparte de aparecer en el horizonte un esquema similar, el Congreso también pretende condicionar las actuaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial al pedirle a la OEA que se designe un Relator Político.
Es importante distinguir entre Órgano Legislativo como tal, partidos políticos como diputados en el Congreso, diputados y los intereses del Ejecutivo y de los grupos externos de presión. Desde luego, quienes le dan vida al Parlamento o hacen que los electores comiencen a desilusionarse y a lamentarse que el “nuevo Parlamento” caiga en los vicios del anterior o anteriores, son los diputados. Lo importante es que también existen dirigentes políticos y diputados que se empeñan por que vivamos en una democracia parlamentaria y que el Congreso funcione lo mejor posible, y que sus miembros observen y cumplan sus responsabilidades y la ética parlamentaria.
La lógica nos dice que no hay urgencia en aprobar las reformas a la Ley Electoral. Primero, porque no hay elecciones a la vista. Luego, porque nada impide discutir con los Magistrados del Tribunal Electoral las reformas a dicha ley y, por último, que nada gana el país con una ley que contiene los errores puntualizados en el hemiciclo. Obviamente, el objetivo no es la ley electoral, sino lo que con ella se puede hacer.
También cabe traer a cuenta que la lucha contra la corrupción, incluyendo la corrupción en los partidos políticos, ha comenzado en Guatemala. Que recordemos, es la primera vez en la historia política de Guatemala que se investigan los orígenes de los aportes financieros con fondos públicos a partidos políticos y a candidatos a cargos de elección popular. Lo peculiar es que, tanto el presidente como el vicepresidente del Congreso y diputados miembros de la UNE y del PAN hablan de “linchamiento político” y piden que la OEA designe un Relator Político para frenar esa investigación judicial.
Lo peculiar es que no existen en la OEA los relatores políticos, por lo que no es viable el planteamiento cuando se trata de investigar a jueces porque investigan actos de corrupción. Si el Congreso quiere hacerlo, que lo haga él solo, sin patrocinar intervenciones foráneas. Lo sensitivo del asunto es que coloca al Ejecutivo en situación molesta, puesto que las relaciones externas y los planteamientos políticos ante y en una organización internacional son asuntos de la competencia del Ejecutivo, amén de que el Presidente de la República autorizaría, en plena campaña anticorrupción, gestiones que obstruyen investigaciones judiciales y del MP en materia de corrupción.
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