La investigación que se desarrolla en la Comisión Legislativa de Derechos Humanos sobre el desalojo de las fincas Nueva Linda y La Cuchilla...
elEditorial
La investigación que se desarrolla en la Comisión Legislativa de Derechos Humanos sobre el desalojo de las fincas Nueva Linda y La Cuchilla en Retalhuleu, empieza a rendir frutos. El desarrollo de sesiones de preguntas a funcionarios, personas particulares, agentes del Ministerio Público y una larga lista de actores en ese drama que tiene lugar en la costa sur ha arrojado hasta el momento información útil para formar opinión sobre el tema. Por ejemplo, conocer que el gobernador departamental de Retalhuleu ha tenido relación contractual con los propietarios de la hacienda Nueva Linda y que, ya como gobernador, lo que es igual a representante del Presidente, tuvo una participación activa en organizar el desalojo, resulta revelador respecto a la actitud del Estado frente al poder económico en una tierra como ésa. Es útil también escuchar del propio ministro de Gobernación el rechazo a las prácticas de destruir con fuego las propiedades de los campesinos que ocupan una finca.
Hay todavía, sin embargo, interrogantes fundamentales que aún no tienen respuesta. Los ciudadanos necesitamos saber de dónde provinieron las armas, las municiones y el adiestramiento que exhibieron los ocupantes de ambas propiedades a la hora de ser desalojados. Cuál era en realidad su capacidad de fuego. Hasta ahora hay indicios que contradicen los primeros señalamientos de la utilización de armas de asalto, como un fusil AK-47, pero aún falta camino por recorrer para establecerlo plenamente. Los señalamientos de las autoridades de gobierno respecto a una probable vinculación con el crimen organizado deben ser sustentados con pruebas. De igual forma debe establecerse la responsabilidad del Ministerio Público al no agilizar la investigación de la denuncia por la desaparición del antiguo administrador de la finca, Héctor Reyes. Los campesinos, eso se desprende de las investigaciones de la Procuraduría de losDerechos Humanos, llegaron primero a obstaculizar una carretera como medida de presión para forzar a la Fiscalía a que diera con el paradero de Reyes antes de decidir la ocupación de Nueva Linda.
Es indispensable reiterar que esta investigación legislativa debe ser conducida con absoluta independencia, seriedad y transparencia. Si los intereses político-partidistas se adueñan del esfuerzo de los diputados, lejos de obtener beneficio, el país volvería a empantanarse en una discusión insulsa. Hasta el momento, por fortuna, eso no parece ser lo que está sucediendo.
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