El Congreso de la República inició los foros sobre ventajas y desventajas del DR-Cafta, con la participación de funcionarios y representantes de sectores sociales.
El impacto fiscal del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (RD-Cafta por sus siglas en inglés) en el primer año de su vigencia será de alrededor de Q427 millones, por la desgravación arancelaria y el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Esta estimación fue presentada ayer por la ministra de Finanzas, Antonieta de Bonilla, durante su exposición en el primero de cinco foros dirigidos a examinar las ventajas y desventajas del RDCafta, organizados por la Comisión Interparlamentaria que promueve el análisis del acuerdo.
Esa reducción de ingresos alcanza el 0.17 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB), y para contrarrestarlo se proponen ajustes en el gasto, incremento del déficit fiscal y medidas complementarias como han hecho otros países, describe De Bonilla.
En su ponencia el “Impacto del Tratado en las Finanzas del Estado”, De Bonilla estimó que en el mediano plazo será necesaria la armonización tributaria regional, que ya cuenta con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y que podría iniciar el próximo año.
A su turno, el ministro de Economía, Marcio Cuevas, afirmó que el RD-Cafta tendrá un impacto comercial en la producción y en el empleo que se percibirán anualmente.
Cuevas presentó el escenario optimista de los primeros seis años posteriores a la vigencia de acuerdo, en el que el PIB podría crecer entre 5.7 y 7 por ciento, el comercio un 24 por ciento y podrían generarse 60 mil empleos.
Pese a los efectos destacados por Cuevas, las proyecciones de ese ministerio y del Banco de Guatemala registran déficit en la balanza comercial con EE. UU., aunque aumenten las exportaciones.
Por parte del empresariado participaron Jaime Arimany, presidente de la Cámara de Industria, y Carlos Enrique Zúñiga, presidente de la Cámara del Agro, quienes expusieron las ventajas y retos para ese sector con el Tratado.
Arimany destacó la importancia de acceder a un mercado de 280 millones de habitantes y del aumento de las inversiones y transferencia tecnológica, apuntando a que se deben aprovechar las oportunidades que se abren.
Similar criterio expresó Zúñiga, quien se pronuncia por la unión entre socidad y gobierno para mejorar la competitividad y darle alto valor agregado a los productos guatemaltecos.
Sociedad escéptica
El presidente de la Federación de Ganaderos, Nery Ortiz, señaló la posibilidad de perder 100 mil empleos en el campo por el impacto negativo del Tratado, pues las negociaciones dejaron de lado los intereses de ese sector.
En tanto que Miguel Ángel Sandoval, de la Mesa Global, llamó a poner los pies sobre la tierra y reconocer que más que acuerdos de libre comercio se necesitan reformas estructurales en materia social y fiscal.
También la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, a través de su director Nery Rodenas, pidió a los congresistas que analicen la ratificación del Tratado, “porque sus implicaciones van más allá de lo comercial”.
Rodenas destacó que el contenido del convenio comercial y su impacto deben ser dados a conocer a la población y rechazó la propaganda que realizan las autoridades de gobierno.
Sandoval pidió a los congresistas apoyar los intereses de la mayoría y no ceder a las ventajas que representa el Tratado a sectores más pequeños.
Jorge Estrada, de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, expresa que el Tratado contraviene la Constitución, lo que deja por fuera la potestad del Congreso para ratificarlo.
El presidente del Legislativo, Rolando Morales, calificó el tema como “lo más importante de la coyuntura económica nacional” y subrayó que “las presiones externas no influirán en la decisión que consideremos adecuada”.
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