Por cuarta ocasión, el ex vicepresidente Juan Francisco Reyes López evitó ser llevado a Torre de Tribunales como cualquier reo. Ayer, recibió en el Preventivo de la zona 18 al juez Víctor Hugo Herrera, quien dejó sus actividades en el Juzgado Quinto del Ramo Penal para tomar la declaración del ex funcionario, acusado por el Ministerio Público (MP) de peculado y lavado de dinero.
Reyes ha delegado en sus abogados su representación para no asistir a las diligencias programadas por el juzgado que conoce su caso, pero ayer fue la excepción, ya que por temor a que no acudiera a la audiencia, Herrera Ríos, a petición del MP, acudió al sector 12, donde está recluido el ex vicemandatario.
La justificación por parte del juzgador y del ente investigador para realizar la diligencia en la cárcel es que el martes la Fiscalía Contra la Corrupción (FCC) deberá presentar acusación formal contra Reyes, por su supuesta participación en el intento de estafa al Patronato Antialcohólico, por Q26 millones.
Así lo pidió el MP
“El plazo se vence, pudimos haberlo mandado a traer, pero el trámite lleva tiempo... además así lo pidió el MP”, argumentó Herrera.
Algunos miembros de organizaciones sociales señalan que esta situación es irregular, pues dicen que Reyes debe ser tratado como cualquier persona. “Él es un ciudadano común y la Ley debe aplicarse a todos. Pero a veces no se sabe qué esperar con este sistema de justicia. En Costa Rica, a los presidentes se les ve con grilletes y creo que los jueces de este país deben ser iguales en sus actitudes”, señaló Ana María de Klein, del grupo Pro justicia.
Celvin Galindo, jefe de la FCC, explicó que haber acudido a prisión fue para garantizar que se efectuara la diligencia, “importante para la investigación”. “Nosotros hemos presentado los medios de prueba que determinan que se cometieron estos ilícitos”, agregó. El abogado del sindicado, Gabriel Orellana, se limitó a indicar que se había argumentado el principio de inocencia, tal como lo establece la Carta Magna.
Una audiencia de seis horas
La diligencia para indagar a Reyes López y Daniel William Castillo, ex trabajador de la Vicepresidencia, duró alrededor de seis horas. Ambos son señalados de rentar vehículos para la Vicepresidencia a la empresa East West Trading, por un valor de Q3.8 millones.
Según el testimonio de trabajadores de esta dependencia, Reyes obvió en varias ocasiones el proceso de cotización. También agregan que nunca existió un control de los vehículos rentados a la compañía.
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