Diputados tienen en su poder un documento en el que consta que los dueños de la finca Nueva Linda pagaron para que desistiera de la denuncia de desaparición.
La esposa del ex administrador de la finca Nueva Linda, Floridalma de Reyes, recibió dinero a cambio de desistir de la denuncia interpuesta por la desaparición de su esposo, Héctor Reyes.
Al menos esto es lo que destaca una de las actas notariales en poder de los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, que investigan la muerte de 11 personas en el violento desalojo registrado en Champerico, Retalhuleu, el 31 de agosto pasado.
El documento indica que De Reyes recibió Q40 mil de manos del anterior dueño de la finca, Carlos Fernández Alejos, para finalizar la búsqueda de Reyes, quien desapareció el 1 de septiembre de 2003.
El acta, fechada en junio pasado, fue firmada ante fiscales del Ministerio Público (MP) en dicho departamento. Esta evidencia es corroborada por la presidenta de la Comisión, Nineth Montenegro, quien indica que el fiscal general, Juan Luis Florido, deberá tomar las acciones correspondientes acerca de la acusación que pesa sobre la Fiscalía de Retalhuleu.
“Tenemos información de una actitud constante de negligencia de parte del MP, que siempre a través de varios fiscales pedían que el caso se callara mediando dinero”, indicó.
El 31 de agosto pasado, agentes de la Policía se enfrentaron a los campesinos que desde hacía un año mantenían invadidos los terrenos de la finca. Los pobladores pedían la aparición de Reyes y la captura del guardaespaldas de Fernández Alejos, Víctor Chinchilla Morales.
En el Ministerio Público se informó que se iniciará una investigación cuando se reciba la denuncia de negligencia contra los fiscales de Retalhuleu.
“Se hubiera evitado”
Una de las conclusiones del informe que presentarán los legisladores hará énfasis en que la violencia se pudo evitar si se hubiera impartido justicia conforme con lo que pedían los pobladores. Se establece el abuso de la fuerza de parte de la Policía Nacional Civil y de los campesinos, y recalcan que el gobernador de Retalhuleu, Carlos Quintana Saravia, no debió participar en el diálogo.
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