Editorial

A mediados de esta semana, la ONU y el Gobierno de la República suscribirán un convenio internacional para la creación de la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS).

El trabajo de la CICIACS se concentrará en investigar la estructura y actividades de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, sus modalidades de funcionamiento y sus fuentes de financiamiento, sin perjuicio de las funciones que la legislación guatemalteca confiere al Ministerio Público (MP), cuya total incapacidad en el combate a la impunidad quedó reconocida expresamente en el acuerdo suscrito por el Gobierno de Guatemala y el Procurador de los Derechos Humanos, con fecha 13 de marzo de 2003, mediante el cual se creó originalmente la CICIACS, y también fue denunciada por la Misión Técnica de la ONU creada para estudiar la viabilidad de la CICIACS en un informe dado a conocer por la Cancillería guatemalteca el 19 de octubre de 2003.

Sin duda, la integración y trabajo de la CICIACS es vital para Guatemala, ya que mientras no se desmantele el Estado paralelo, que prácticamente mantiene secuestrado al Estado de Guatemala, será imposible que la democracia institucional se consolide y que los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional sean respetados y debidamente protegidos y garantizados.

En nuestra opinión, la suscripción, aprobación y ratificación de un convenio internacional entre el Estado de Guatemala y la ONU para la creación de la CICIACS responde a lo pactado en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, firmado el 29 de marzo de 1994, cuyo texto dice: “Para mantener un irrestricto respeto a los derechos humanos, no deben existir cuerpos ilegales, ni aparatos clandestinos de seguridad; el Gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos”. Asimismo, dicho convenio internacional es compatible con nuestra Constitución, que no sólo establece que el Estado de Guatemala debe proteger y garantizar los derechos humanos, sino que el mismo debe observar los principios, reglas y prácticas internacionales destinadas a lograr el respeto y defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de los procesos democráticos. Finalmente, el referido convenio es congruente con la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por Guatemala.

Por supuesto, habrá que hacer algunos ajustes a la legislación interna para que la CICIACS opere como un ente mixto de investigación y acusación dirigido por la ONU, independiente del MP, pero nada del otro mundo como algunos críticos señalan.

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