Urge también transparentar las listas de los donantes de los politicos vencidos y ganadores.
César A. García E.
Como lo hice ver la semana pasada, tenemos obligación de exigir transparencia a los servidores públicos, ningún burócrata merece un cheque en blanco, ni confianza absoluta. Uno de los principios de control interno aplicables a la administración pública consiste en confiar en procesos y controles inviolables y no necesariamente en las personas que en su mayoría son susceptibles a corromperse, saliendo a luz sus porquerías cuando entregan sus cargos, y eso sucede si han sido lo suficiente burdos, caso contrario cuando los cacos son más inteligentes, sus fechorías no salen a luz, y cuando sí ocurre y un gobierno nuevo arma revuelo, los responsables nunca paran en la cárcel, como correspondería (léase, Serrano, entre otros). Ojalá los actuales pesquisidores de los ex gobernantes no nos decepcionen, quedándose todo en el olvido, y los chapines de nueva cuenta con el hígado picado, pero, al final, “resignados”; si así ocurriese, la lectura correcta de la bulla actual será que se trataba de un vulgar distractor.
La transparencia debe ser una altísima prioridad del Gobierno; es menester aclarar quién usurpa funciones por la duplicidad que se origina del Comisionado versus la Comisión conformada hace algunos años; esta redundancia es indeseable, y que un hombre de confianza del Presidente sea el “garante” de la transparencia en la cosa pública, es una contradicción lamentable. De hecho, está demostrado que a los eferregistas les fue de mucha utilidad copar instituciones que debieran coadyuvar a la transparencia, como el Ministerio Público (MP) y la Contraloría; de continuar este gobierno cayendo en el mismo error, estaría llanamente: “haciendo cosas malas que parecen buenas”.
Un tema grave –por las implicaciones que tendría en las economías de los guatemaltecos y que requiere trato transparente– es la ley que se está peloteando y que se refiere a la fijación del Arbitrio Municipal para “cubrir el valor” del alumbrado público. Por cierto, a niveles del 13 por ciento, ¡imagínese!, si esto ocurre, su ya altísima factura de luz se verá incrementada, además de por los oscuros aumentos periódicos, en ese porcentaje adicional. Expertos en la materia me comentaban que, en un país del Sur, dicho arbitrio es del 4 por ciento, entonces, ¿por qué en Guatemala pretenden recetarse el 13 por ciento? No existe justificación, y antes de entrar a analizar el siguiente castigo a los chapines, el encargado de la transparencia o la Comisión por la Transparencia debiera contestarse las preguntas siguientes: 1- ¿De dónde resulta el alto porcentaje? 2- ¿Son, ahora, las Municipalidades, entes de confianza, con una administración cristalina? 3- ¿Está la corrupción erradicada de las Municipalidades o estos nuevos ingresos la fomentarán aún más?
Urge también transparentar las listas de los donantes de los políticos vencidos y ganadores, pues ya se vio que el quemado Colom, quien se vestía de niño de Primera Comunión, “pensó” que Abadío era “exitoso empresario”; siendo así, dicho tipejo debiera aparecer en la lista que la UNE entregó a la comunidad internacional, ¡queremos verla!
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