Un pacto de gobernabilidad resulta necesario ante una gran crisis nacional.
José Alejandro Arévalo Alburez
Un pacto de gobernabilidad resulta necesario ante una gran crisis nacional, en la procura de crear un contexto político y social que permita que un gobierno sin la suficiente fuerza política, pueda aprobar y aplicar las medidas urgentes que deben adoptarse para afrontar y superar la situación.
Un caso ejemplar son los acuerdos políticos llamados Pactos de La Moncloa, suscritos el 25 de octubre de 1977, respaldados por el Congreso de las Cortes y por el Senado, y que han servido de plataforma para el desarrollo político, social y económico de España durante más de 25 años. En un ambiente en que la transición a la democracia estaba en riesgo, en medio de corrupción, fraudes, concesiones espurias, enriquecimientos ilícitos y una acuciante crisis económica, a la par de un creciente nivel de conflictividad social y político, el Gobierno español y los dirigentes políticos de todos los partidos acordaron estos pactos, acompañados por empresarios, dirigentes sindicales, periodistas, académicos, analistas y sociedad civil.
Estos pactos determinaron la política de saneamiento económico (presupuesto, seguridad social, política monetaria, precios, rentas y empleo); reforma fiscal (impuestos, estructura recaudatoria, control del gasto público); política educativa; política de urbanismo, suelo y vivienda; reforma de la seguridad social; reforma del sistema financiero; política agrícola, pesquera y de comercialización; política energética y estatuto de la empresa pública; y, criterios para la adaptación de las instituciones autonómicas.
En Guatemala, algunos de los partidos políticos, grupos y bloques en el Congreso de la República (PAN, UNE, Partido Patriota, Movimiento Reformador, Movimiento Diecisiete, Partido Solidaridad Nacional) suscribieron el 11 de enero de 2004 el denominado Convenio Político de Gobernabilidad que pretende establecer las bases para un ulterior Pacto de Nación basado en la Agenda Nacional Compartida, comprometiéndose a la readecuación del presupuesto del Estado; a la reforma política y a la Ley Electoral y de Partidos Políticos; a la reforma penal y del Código Procesal Penal; al Pacto Fiscal; a los Acuerdos de Paz; a una auditoría del Organismo Legislativo y a la repartición de cargos dentro del Congreso. No es, por supuesto, lo que podría llamarse un Pacto de Nación, aunque lo insinúa como un posible desarrollo ulterior, para lo cual se requerirá de convocatoria, consensos y acuerdos nacionales.
Como se ve, en ninguna parte de este tipo de pactos o acuerdos en que se deben dejar de lado por un momento los intereses sectoriales o de clase y anteponer la defensa de los intereses nacionales superiores, se incluye un pacto de impunidad. Por el contrario, se refuerza la institucionalidad y, generalmente, se acuerda brindar recursos para que funcione a cabalidad el sistema de justicia y prevalezca el Estado de Derecho, aplicando la Ley a quien corresponda, con objetividad, agilidad, transparencia y sin distingos de ningún tipo. Justicia, pronta y cumplida, es un factor clave de recuperación de la credibilidad social en el Estado, por lo que un pacto de gobernabilidad no es ni puede ser un pacto de impunidad.
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