Autoridades del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), informan que afrontan serios problemas financieros, debido a que no cuentan con los recursos financieros para continuar con varios proyectos de interés social. Desde el año 2001 esta institución no ha logrado que se incremente su presupuesto, que asciende a Q45 millones.
Debido a esta situación, el año pasado, las autoridades de esta entidad tomaron la decisión de rescindir de los servicios de 161 abogados. Actualmente, 98 litigantes presupuestados y 30 contratados atienden a la población que carece de recursos económicos para contratar a un defensor.
Lo anterior, significa que cada defensor tiene a su cargo la representación legal de 30 a 35 casos. Es común que los juzgados suspendan las audiencias, porque el abogado que defiende al procesado no acude, pues el mismo día debe de atender otras diligencias judiciales.
Analizan corte de proyectos
Jorge Valvert, director del IDPP, explicó que en abril analizará la posibilidad de que se dejen por un lado los servicios que actualmente se prestan en las sedes policíacas y organizaciones indígenas, así como la unidad de apoyo a la mujer. Asegura que se necesitan, por lo menos, Q10 millones para cumplir con su misión de defensa.
“Tememos llegar a una verdadera debacle –en los servicios que el Instituto presta al 70 por ciento de la población–. Por el momento, solicitamos al Ministerio de Finanzas algunos fondos, mientras el Congreso nos da la respuesta a nuestra solicitud de aumento de presupuesto para continuar con los proyectos”, recalcó Valvert.
Sólo a los presos
Los litigantes señalan que, por el momento, sólo prestan sus servicios a personas que se encuentren en prisión, no así a aquéllas que sean señaladas o investigadas por cualquier tipo de delitos. Los trabajadores del IDPP, mencionan que para evitar gastos se decidió que ya no se suministrará azúcar, café, agua pura y papel higiénico.
Óscar Poroj, presidente de la Asociación de Defensores Públicos, indicó que no se presta la atención debida a esa institución, que juega un importante papel en la administración de Justicia, tomando en cuenta que se defiende a la mayoría con bajos recursos.
El integrante de la Comisión de Gobernación del Congreso, Alejandro Maldonado, indica que el problema es muy serio, ya que se estaría violentando el debido proceso y los derechos jurídicos de las personas. Señaló que la Comisión de Finanzas deberá analizar éste como todos los casos de entidades que se quedaron con el mismo presupuesto que el año pasado para dar respuesta a las demandas.
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