En el año 2003 sólo se efectuaron ocho licitaciones.
Lucy Chay
Si de algo se mofó el gobierno de Alfonso Portillo fue de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Los integrantes del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) utilizaron la técnica de fraccionar las obras para evitar la licitación.
De esta forma, entregaron varios proyectos de infraestructura vial durante 2003 a empresas –algunas de ellas– vinculadas al partido.
Tal es el caso de varios proyectos realizados por Mario Felipe López Villatoro –cuñado de la diputada Zury Ríos– y otras entidades cuyos vínculos provienen desde la administración de Luis Rabbé, ex ministro de Comunicaciones en el año 2001.
Sólo ocho licitaciones
El año pasado se realizaron 8 licitaciones a nivel del Ejecutivo y 30 por parte de las comunas.
La Ley de Contrataciones establece que cuando se contraten servicios que sobrepasen los Q900 mil se deberá convocar a una licitación pública.
Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación, indica que la práctica de la fragmentación de obras se utiliza para beneficiar a allegados y para fortalecer monopolios. “En el gobierno anterior se dividieron obras hasta en ocho contratos”, dice.
Al renglón de inversión física se destinaron Q7 mil millones. De éstos, se desconoce el destino que dieron a Q4 mil millones.
No existe registro de contratos
La situación se agrava al no existir información de los que han prestado servicios al Estado desde 1992. Ésta permite determinar si las empresas contratadas tienen capital mínimo, si están registradas y si tienen experiencia.
El comisionado para la Transparencia, Carlos Vielman, destaca que la política gubernamental está basada en la transparencia. “Existe una consigna directa de que se deben respetar las normas legales. También trabajamos por todo un accionar sobre auditorías de los proyectos, el valor y el tiempo de entrega, la calidad y las bases”, afirma.
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