EL Congreso analiza consultar a la Corte de Constitucionalidad (CC) si el acuerdo que crea la Comisión...
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EL Congreso analiza consultar a la Corte de Constitucionalidad (CC) si el acuerdo que crea la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), suscrito en enero pasado, cae en alguna inconstitucionalidad. Esto, previo a aprobarlo.
El Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) emitió la semana pasada un dictamen sobre este asunto. Reconoce su importancia, pero también advierte sobre la necesidad de modificar algunas disposiciones del acuerdo suscrito. Consideramos que es un asunto que debe tratarse a la mayor brevedad posible, pues la integración y trabajo de la CICIACS es vital para Guatemala, ya que mientras no se desmantele el Estado paralelo, que prácticamente mantiene secuestrado al Estado, será imposible que la democracia institucional se consolide y que los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional sean respetados y debidamente protegidos y garantizados.
Su trabajo se concentrará en investigar la estructura y actividades de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, sus modalidades de funcionamiento y sus fuentes de financiamiento, sin perjuicio de las funciones que la legislación guatemalteca confiere al Ministerio Público (MP), cuya total incapacidad en el combate a la impunidad quedó reconocida en el acuerdo suscrito por el Gobierno de Guatemala y el Procurador de los Derechos Humanos, con fecha 13 de marzo de 2003, mediante el cual se creó originalmente la CICIACS, y también fue denunciada por la Misión Técnica de la ONU siete meses más tarde.
En nuestra opinión, la suscripción, aprobación y ratificación de un convenio internacional entre el Estado de Guatemala y la ONU para la creación de la CICIACS responde a lo pactado en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, firmado el 29 de marzo de 1994, cuyo texto dice: “Para mantener un irrestricto respeto a los derechos humanos, no deben existir cuerpos ilegales, ni aparatos clandestinos de seguridad; el Gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos”.
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