En la lista del Ministerio Público, 341 emisoras departamentales están a la espera de ser allanadas, luego de ser denunciadas por la Cámara de Radiodifusoras.
Pero Valderrama considera que legalizar estas emisoras “es como darle un ascenso a un policía por corrupto”. Según él, en este problema nada tiene que ver la libertad de expresión”. “El problema es que estamos poniendo en riesgo uno de los pilares de la comunicación social como son las radiodifusoras de provincia”. Incluso, dice que están a favor de que se promulgue cualquier ley que pueda abrir los espacios gratuitamente, pero de manera ordenada.
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