La legalización del pago se hará pero sin presiones. Por eso los integrantes de la Junta Directiva y jefes de bloque pidieron ayer calma y cordura a los ex patrulleros de Autodefensa Civil.
Las dos instancias se reunieron ayer de emergencia en un hotel capitalino para evaluar lo sucedido el miércoles, cuando varios diputados fueron perseguidos por ex paramilitares enfadados porque no se pudo concluir la aprobación del proyecto de ley.
“No estamos dispuestos a trabajar bajo presión, ni a la Corte de Constitucionalidad le aceptamos un ultimátum”, aseguró ayer Arístides Crespo, del FRG.
Luego de tres horas de discusión, los directivos acordaron continuar con la aprobación de urgencia del proyecto el miércoles 18 de agosto. El mismo pretende normar el reconocimiento de Q5 mil 200 para cada ex patrullero por los servicios prestados durante el conflicto armado interno.
Pero además establecieron que ningún diputado, a excepción de los integrantes de la Junta Directiva –Jorge Méndez, Manuel Baldizón y José García– podrán hablar o dar información a los ex patrulleros, y evitar así el roce entre los representantes de los partidos políticos que se encuentran en el pleno.
Señalamientos y denuncias
La actuación del Partido Patriota, en especial de Otto Pérez, fue el tema principal de la jornada. Los panistas desde temprana hora señalaron que las acciones de los ex paramilitares no fueron espontáneas, más bien fueron premeditadas.
El panista Mario Taracena señaló a una de las personas que integra la seguridad de Pérez como responsable de incitar a los ex PAC, quienes se enfurecieron al conocer que el Congreso no legalizó el pago.
Otros prefirieron calificarlo como una novatada. “Faltaban un par de pasos todavía y eso fue un grave error para el proceso de formación de la ley de parte de él (Pérez) debido a su inexperiencia en el manejo dentro del hemiciclo parlamentario. La fiesta debió haber esperado un par de horas más y todos estuvieran tranquilos y contentos en sus casas”, dijo el eferregista Arístides Crespo.
Los patriotas aseguran que las declaraciones de Pérez fueron sobredimensionadas y que no cometieron ninguna ilegalidad. “No teníamos por qué pedirle permiso a nadie”, dijo Pérez.
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