La seguridad ciudadana es un derecho que nos asiste a todos los habitantes de la República...
Manuel Conde Orellana
La seguridad ciudadana es un derecho que nos asiste a todos los habitantes de la República y es un deber del Estado garantizarla a toda la sociedad. La búsqueda de la seguridad ciudadana no puede reducirse a un asunto de “policías y ladrones” y menos aún, de “policías ladrones”. La seguridad ciudadana es un objetivo de Estado y, como tal hay que verlo, procurarlo y alcanzarlo.
No hay duda de que el presidente Óscar Berger y su equipo de gobierno llegaron al poder sin contar con una propuesta en materia de seguridad ciudadana. Ha quedado en evidencia que al salir del gobierno el general Otto Pérez Molina, éste se quedó sin agenda y sin vocero en materia de seguridad; cuando Pérez Molina fue Comisionado Presidencial para la Seguridad, las cosas no cambiaron del todo, pero alguien daba la cara y se hacia responsable.
Es preocupante ver la forma con la que los funcionarios encargados de la Seguridad del Estado se dirigen a la sociedad, desde el presidente Berger hasta el Ministro de Gobernación, los viceministros y el director de la PNC nos siguen anunciando que en sus estadísticas la criminalidad va en descenso, cuando la realidad la vivimos día a día los guatemaltecos que no contamos con el séquito de guardaespaldas que ellos usan.
El gobierno cuenta ahora con un Consejo Asesor de Seguridad –CAS– integrado por personas respetables. En los últimos años, algunas de ellas se han dedicado a demandar justicia y defender los derechos humanos desde sus organizaciones no gubernamentales y sus fundaciones. Uno es un abogado con conocimientos en seguridad y otro es un militar retirado. Todos pueden tener muy buenas intenciones e incluso estudios sobre seguridad, pero la situación es tan grave y urgente de solucionar, que en ese consejo se requiere de personas con más capacidad y experiencia operativa en materia de Seguridad del Estado.
Considero que es urgente para nuestro país contar con una “Política Nacional de Seguridad Ciudadana”, sustentada en criterios civiles, que vincule a los tres poderes del Estado y que defina con claridad las acciones inmediatas y las de mediano y largo plazo necesarias para garantizar el orden público, condición indispensable para alcanzar el bien común, fin último del Estado. Asimismo, es una obligación de quienes ejercen el poder político y administrativo, presentarle a la sociedad guatemalteca su política de seguridad ciudadana, responsabilizándose públicamente de su implementación y resultados.
Propongo que al contar con una “Política Nacional de Seguridad Ciudadana”, con carácter de Estado, el presidente Óscar Berger se ponga al frente de su sociedad, acompañado por los otros presidentes de los organismos del Estado, para garantizar su compromiso frente a dicha política. Que se informe sobre qué acciones coordinará e implementará el gobierno, qué nuevas leyes aprobará el Congreso de la República y en qué forma el Organismo Judicial hará que la justicia sea pronta y cumplida.
Que al momento de presentar en forma pública la “Política Nacional de Seguridad Ciudadana”, los presidentes de los poderes del Estado declaren la “guerra frontal al crimen”, ordenando de inmediato la unificación de todo el pie de fuerza del Estado incluidas las fuerzas civiles, militares y los cuerpos de investigación, bajo el mando del Presidente de la República, quien debe presidir el Consejo de Estado para la Seguridad Ciudadana, órgano que debe tomar las decisiones para ganarle la guerra al crimen. De no haber cambios radicales y profundos en materia de seguridad ciudadana, las acciones seguirán siendo aisladas, poco efectivas y esa guerra se seguirá perdiendo. “El Estado debe fortalecer sus acciones frente al crimen, la ley lo permite y la sociedad lo demanda.”
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