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    Guatemala, sábado 11 de septiembre de 2004

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    OPINIÓN

    Invasión de tierras versus el Código Penal

    Francisco Villagrán Kramer

    Las invasiones dejan de ser invasiones y se transforman en ocupaciones temporales.

    Ciento cincuenta fincas rurales se encuentran invadidas por campesinos, cifra que se suma a las invasiones que ocurrieron en los dos años y medio precedentes. El Ministro de Agricultura y algunos diarios han revelado que las invasiones no se han producido espontáneamente sino que, unas han sido fomentadas por “Contierra”, otras, por el Padre Girón, y otras más, por varias ONG. Incluso, que en las marchas sobre la capital, que indígenas y no indígenas efectuaron, hubo aportes financieros del exterior para cubrir transporte y los alimentos de los manifestantes.

    La argumentación de promotores y dirigentes es muy singular. Así, unas tienen el propósito de forzar un diálogo con el gobierno y los propietarios de las fincas, a fin de que el gobierno se ocupe de su problema o los propietarios de las fincas les adjudiquen las tierras invadidas. En otros, se habla de derechos históricos a la tierra, por lo que no la invaden sino que la ocupan. En otros casos, los líderes agrarios persiguen ser reconocidos y aceptados por la sociedad civil, por el gobierno y por la prensa.

    Al investigar los hechos, se repara en que progresivamente se viene conformando un criterio legal, cual es que los invasores no deben ser considerados delincuentes, porque su propósito es, mediante la ocupación de hecho, forzar al diálogo con los propietarios y el gobierno. Ni la Policía, ni el Ministerio Público, ni los jueces deben, pues, ordenar o ejecutar el desalojo, y el gobierno no debe tomar partido a favor de los propietarios, sino ser neutral y propiciar el diálogo. De paso, las invasiones dejan de ser invasiones y se transforman en ocupaciones temporales que generan el derecho al diálogo. Se trata de un derecho consuetudinario en proceso de sedimentación, proceso que el Gobierno y los jueces no deben obstruir. Lo delicado es que el Procurador de los Derechos Humanos y algunos periodistas fortalecen esta práctica, a la que en Chixoy se sumó un acto de terrorismo.

    El otro lado de la medalla está en el Artículo 156 del Código Penal, que dice:

    “Comete delito de usurpación quien, con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos, despojare o pretendiere despojar a otro la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo, o quien ilícitamente, con cualquier propósito invada u ocupe un bien inmueble.

    La permanencia en este inmueble constituye flagrancia en este delito. La Policía, el Ministerio Público o el Juez, están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose, según corresponda, al inmediato desalojo. El responsable de usurpación será sancionado con prisión de uno a tres años”.

    La Ley Penal es clara al decir que la permanencia en el inmueble le da carácter de delito in fraganti a la invasión, por lo que ni la Policía, ni el Ministerio Público, ni los jueces pueden ignorar o retardar, so pretexto de diálogo con los invasores, cumplir el mandato del Código. Si lo incumplen o si lo demoran, se exponen a ser enjuiciados penalmente, con lo que resultaría que los invasores, reputados delincuentes, serían protegidos por la inacción, en tanto que el Ministro de Gobernación, el Director de la Policía y los correspondientes comisarios y los jueces que ejercen en esos casos jurisdicción, van a parar a la cárcel.

    La Historia permite reparar en que el impulso inicial de la reforma agraria radicó en el gobierno de Arbenz, en la función social que la Constitución le asignaba a la propiedad en las denuncias de tierra que hacían los Comités Agrarios Locales y las invasiones de tierra que los campesinos hacían. La primera abría las puertas a un proceso legal que se vio cercenado al remover del Congreso a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y el otro le abrió las puertas a la inseguridad de la propiedad rural y, después, a la persecución de los agraristas. Conviene, pues, ponderar estos elementos.

    Francisco Villagrán Kramer

    10 septiembre 2004

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