“No volverá a haber un presidente como Cáceres en el INDE, y creemos que los planes que tenía contemplados para mejorar la institución, no se harán realidad”, dicen miembros del STINDE.
Ha pasado mes y medio del asesinato de Jaime Cáceres Knox, presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), y las autoridades no cuentan con más sospechosos que los guatemaltecos detenidos en Panamá con el auto del funcionario. Uno de ellos, Byron Estuardo Amézquita Galindo, fue vinculado con la banda Valle del Sol,cuando el 21 de noviembre de 1997 se allanó un recinto para capturar a esta misma banda. Allí, se interceptó la camioneta Grand Cherokee placas P-472180, propiedad de Amézquita, que era tripulada por Luis Carlos García Pontaza y Ana Lucía Escobar, líderes del grupo .
Sin embargo, para los investigadores del Ministerio Público (MP) no sólo la hipótesis del robo de vehículo envuelve el misterio del asesinato de Cáceres. Existen versiones que le dan tinte político al crimen.
El MP cuenta con versiones de miembros del Sindicato de los Trabajadores del INDE (STINDE), a quienes no les convence que el móvil del crimen haya sido el robo del vehículo, aunque no descartan que amparados bajo el crimen organizado, personas interesadas hayan acabado con la vida del funcionario.
En los archivos del MP se registra que, semanas antes de morir, el funcionario Cáceres entregó al fiscal general del MP, Juan Luis Florido, investigaciones inlas ternas del INDE, donde señala anomalías en la contratación de aseguradoras, que recibieron millones sin licitar en épocas del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Ésa fue una de sus últimas investigaciones en lo interno de la institución eléctrica.
También, documentan los investigadores, que Cáceres se vio envuelto en varios conflictos judiciales antes de morir. Entre ellos, una demanda judicial contra el INDE, donde se exigía el pago de una indemnización millonaria y un amparo interpuesto por la empresa Almacenes y Silos S.A. contra la empresa BOFICA, encargada de revisar los furgones que ingresan a Puerto Quetzal. Tras meses de litigio, la Corte de Constitucionalidad (CC) denegó el amparo.
Su hermano Eduardo Cáceres, quien funge como representante legal de Almacenes y Silos S.A., se limitó a decir: “mis asuntos son mis asuntos, y los de mi hermano, los de él”. Sin embargo, se sabe de fuentes de tribunales que era Jaime el interesado en agilizar la demanda para declarar lesivo el contrato otorgado a BOFICA, por ver amenazados el libre ejercicio de la actividad comercial de Almacenes y Silos S.A., ya que la empresa BOFICA no llenó el procedimiento legal y aun así le fueron entregadas la concesiones de las bodegas de Puerto Quetzal.
Los sindicalistas hablan de Cáceres
Empleados del INDE, entrevistados por el MP, aseguran que la llegada de Cáceres a la Junta Directiva podría haberle valido muchos enemigos.
Tanto así, que los miembros del STINDE no descartan que el suyo haya sido un crimen político.
“Por primera vez en muchos años alguien se atrevió a desafiar a los opositores de la creación de más hidroeléctricas en el país con el propio presupuesto del INDE”, dicen.
Auditores del INDE también relatan, temerosos, que existieron inconformidades por cambios administrativos. “Cáceres tocó un tema en el INDE, que por lo menos en diez años nadie hablaba,el de las concesiones”, asegura Conrado Gaytán, secretario General del STINDE.
“Pensaba que el INDE debía trabajar con su propio presupuesto (Q1 mil 960 millones) y no sacrificar la distribución de la energía eléctrica, en concesiones que habrían de hacernos dependientes del 75 por ciento de la energía eléctrica de la transnacional que las adquiriera, por ejemplo Colombia, México y Chile.”
Los sindicalistas, a pesar de haber tenido una corta relación con Cáceres, comentan que no habían tenido una persona como él presidiendo la Junta Directiva; lo describen como “un hombre serio, franco, ordenado, pero, sobre todo, honrado”.
“Él vino a verificar el gasto y el ingreso. Y vimos que hubo avance en el INDE. Desde que llegó, Cáceres ordenó una auditoría exhaustiva y le quitó la seguridad privada a todos los que la tenían porque era un gasto innecesario. También se la quitó él, tanto que algunas autoridades le aconsejaban que debería ser acompañado por elementos de seguridad.”
Pero al hablar del asesinato de Cáceres en el seno del INDE, se mencionan detalles en los que nadie puede o se atreve a ahondar, como la revocación de una orden de compra que ya estaba autorizada para adquirir una flotilla de vehículos para la institución por un monto de Q7 millones y que aún nadie sabe para quién eran.
Sin embargo, no puede haber acusaciones sin pruebas, lo que sí es un hecho es que “no volverá a haber un presidente como él en el INDE”, dicen los sindicalistas, y ahora ponen en duda que los planes que tenía contemplados Cáceres para mejorar la institución se hagan realidad.
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