El Congreso gasta miles de horas-hombres y horas-mujer sólo para cambiar anualmente a sus autoridades.
Pablo Rodas Martini
La Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) establece en su Artículo 10: “Los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República durarán un año en sus funciones y pueden ser reelectos”.
Esa simple disposición, esas escasas 21 palabras, que también se encontraban, en otros términos, en su antecesora, la Ley de Régimen Interior del Organismo Legislativo, provoca una campaña interna que dura meses, que hace que los diputados dediquen cientos de reuniones para negociar posiciones, que desvía su atención de lo que debería ser su trabajo legislativo, y que si se contabilizara monetariamente, sumaría decenas de millones de quetzales desde 1986 hasta la fecha, pues en esa campaña se les va el 10 por ciento o 20 por ciento de su trabajo efectivo anual.
Años atrás escribía un artículo en el que sostenía que las renovaciones de Junta Directiva (JD) no deberían ser anuales. Hoy reitero ese mensaje: en lugar de renovaciones anuales, el Congreso debería elegir a sus autoridades para dos años. De esa manera, en cada legislatura sólo habría dos elecciones de Junta Directiva: la primera y la de mitad de período. No digo que hubiera una sola de cuatro años, porque ciertamente podría evaluarse en el camino que surgen nuevos liderazgos o que la administración escogida no fue la óptima, pero bastaría un cambio intermedio y no tres como ocurre en la actualidad.
El Artículo 31 vuelve a repetir el mismo error de la conformación anual cuando establece: “Las Comisiones ordinarias se integrarán anualmente al inicio de cada período.” Ciertamente, a nivel de comisiones, se tiende a reelegir a sus integrantes, pero de nuevo, nuestro Congreso tiene la obsoleta tradición de esas campañas anuales para cambiar a todas sus autoridades.
Desde 1986 hasta la fecha se van a cumplir 19 renovaciones de Junta Directiva y de comisiones de trabajo. De ésas, unas eran obvias porque tomaban posesión nuevos diputados, pero la mayoría no le ha aportado nada bueno al país: no ha mejorado la calidad del Congreso, no ha producido diputados más serios o responsables, no ha mejorado las leyes. No. Cada elección anual no sirve sino para regatear posiciones, prebendas: “damos nuestro voto, sí”, “¿qué se nos da a cambio?”, etcétera.
La campaña, además es muy larga, pues comienza a gestarse desde meses antes de que tome posesión la nueva JD en enero. Los movimientos en las bancadas arrancan desde julio o agosto –y ahora con este Congreso dividido, no sería raro que hubieran iniciado desde mayo o junio a nivel de corrillos de diputados–. El proceso inicia a lo interno de la aplanadora –cuando lo ha habido– o de las bancadas dominantes. Dos, tres o más diputados dentro de la bancada dominante comienzan a tejer sus redes para ir logrando el respaldo de los otros diputados de su bancada –y del Presidente de la República, si se trata del partido de gobierno–.
La negociación continúa después con las otras bancadas importantes, hasta llegar a las bancadas pequeñas. La negociación no tiene nada de ideológico o programático. No responde a un compromiso de apoyar determinada agenda de trabajo legislativo, si no que es un claro “tú me das, yo te doy”: se reparte el pastel de la JD y de las presidencias de comisiones.
Toda entidad tiende a renovar a sus autoridades, pero mientras en la mayoría de instituciones es una decisión que se toma en una sesión plenaria y en un par de reuniones previas, en el Congreso de Guatemala es producto de cientos de reuniones previas, donde la sesión de elección en enero no es sino el cierre de un largo, cansón e innecesario proceso. Miles de horas-hombres y horas-mujer gastadas en una pura repartición de puestos.
En tiempos del FRG, para favorecer la permanencia en la presidencia de Efraín Ríos Montt, se cambió ese artículo agregándole que se permitía la reelección. Ése, sin embargo, no es el cambio que debe experimentar la Ley, lo que habría que cambiar es: “un año” por “dos años”, y algo similar para las comisiones. Sólo dos palabras ya lograrían que el Congreso no perdiera tanto tiempo en la renovación de sus autoridades.
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