Impulsar las reformas que el sistema judicial necesita.
Gustavo Berganza
Si todo marcha tal y como ha sido programado, es muy factible que el 12 de octubre haya una nueva Corte Suprema de Justicia y estén integradas la totalidad de Salas de la Corte de Apelaciones.
El proceso de selección ha sido arduo. Y más ahora, porque los integrantes de la Comisión Postuladora han sido objeto de escrutinio e intensas presiones ejercidas por organizaciones no gubernamentales, preocupadas por el tema de la justicia, que se han aliado de manera muy efectiva con algunos medios de comunicación.
En términos generales, puede afirmarse que a partir de 1994, cuando las reformas constitucionales asignaron todo el peso de la selección de candidatos a magistrados a la Comisión Postuladora, el proceso ha evitado que se cuelen en la lista abogados notoriamente incompetentes o abiertamente corruptos. Los magistrados de las últimas dos Cortes han sido, la mayoría de ellos y ellas, juristas con experiencia y prestigio. La lista que la Comisión presentó esta semana está integrada también por abogados de reconocida trayectoria. Algunos de ellos han sido cuestionados porque tienen amistad, parentesco o relación profesional con dirigentes del partido Frente Republicano Guatemalteco. Sin embargo, aparte de ese señalamiento, no se les ha demostrado que hayan estado implicados en hechos ilegales ni, mucho menos, que carezcan de las aptitudes que el cargo requiere.
El problema, entonces, no será de honorabilidad ni de incapacidad para juzgar. El problema, desde mi perspectiva, radica en si esos 26 juristas nominados por la Comisión Postuladora tienen la intención, la capacidad y el valor para impulsar las reformas que el sistema judicial necesita. Porque ya hemos visto que el hecho de haber tenido, durante diez años, una Corte Suprema de Justicia integrada por juristas probos no ha sido suficiente para que en Guatemala se consolide un Estado de Derecho. Y, mucho menos, para que el Organismo Judicial funja como un agente vital para garantizar que la justicia sea de verdad justa y llegue a tiempo a quien la demanda.
En los tribunales, en particular en los de índole civil y laboral, se acumulan casos en los que las sentencias se demoran durante años. Y en los tribunales del ramo penal, continúan siendo frecuentes las denuncias sobre operadores judiciales que protegen a narcotraficantes, secuestradores, asesinos y robacarros.
El reto de la nueva Corte es hacer que ese prestigio y esa honorabilidad se transformen en un motor que impulse la metamorfosis del sistema. Quienes sean electos tienen la obvia obligación no sólo de dictar sentencias apegadas a derecho en los casos, sino también deben esforzarse en hacer del Organismo Judicial un ente que satisfaga las expectativas de justicia de los guatemaltecos. Si no serán otros cinco años perdidos, con una Corte honorable coronando un sistema inoperante.
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