Apenas se anunciaban los trágicos sucesos ocurridos en la finca Nueva Linda, de Retalhuleu, cuando el 7 de septiembre los guatemaltecos escucharon de un nuevo conflicto protagonizado por campesinos: “Toman Chixoy; amenazan con cortes”, informaron los medios. “A las 6:00 de la mañana, las autoridades de esa hidroeléctrica confirmaron que en el área denominada Boca Toma, en la cual se ubica el centro de operaciones del embalse, ingresaron los representantes de 17 comunidades, que tomaron de manera organizada la hidroeléctrica”.
Los reclamos no eran nuevos. Desde 1976, las comunidades reclaman un resarcimiento de 64.5 caballerías de tierra, área donde estaban asentadas sus comunidades que quedaron bajo el embalse al construirse la represa.
Carlos Chen, miembro de la Coordinadora de los afectados por la represa, señala: “Estamos pidiendo luz y agua, no los tenemos desde hace tres meses. Además, el INDEse comprometió a repararnos nuestras tierras”.
Los campesinos que participaron la toma de Chixoy, según datos del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo Humano, viven en una región (vértice entre Quiché y Las Verapaces), donde más del 80 por ciento de la población vive en condición de extrema pobreza y con uno de los más bajos índices de desarrollo humano del país. Por eso, para el Ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, causa extrañeza que dispusieran de siete buses, un camión y un lanchón, cuyo alquiler diario asciende por lo menos Q20 mil.
La toma de las instalaciones de Chixoy duró más de 20 horas. Los manifestantes campesinos y extranjeros grabaron cada palabra e imagen, ya que portaban cámaras fotográficas digitales, cámaras de video y micrograbadoras. No faltaron los amplificadores de sonido, utilizados para transmitir música de protesta. Las cámaras digitales oscilan entre los Q3 mil y Q8 mil, las videocámaras entre los Q4 mil y Q8 mil, y las minigrabadoras tienen un precio de Q1,000. Según Chen el equipo se compró con recolectas.
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