Desde que los “brillantes” amigos y asesores del ex presidente Alfonso Portillo tomaron la decisión de apoyar al general, de cuyo nombre...
Luis Ramírez
Desde que los “brillantes” amigos y asesores del ex presidente Alfonso Portillo tomaron la decisión de apoyar al general, de cuyo nombre no quiero acordarme, en su fracasada campaña electoral a través de promesas de pago a los ex patrulleros, la sociedad guatemalteca está sometida a la amenaza permanente por la exigencia de un pago sin legitimidad histórica, ética y legal.
A pesar de que las Patrullas de Autodefensa Civil fueron desarticuladas formalmente después del conflicto armado interno, se tenía información de que algunos grupos seguían organizados alrededor de ex militares, recibían lineamientos de las bases castrenses o bien continuaron usufructuando el liderazgo local heredado durante la guerra. Si agregamos a lo anterior las condiciones históricas de extrema pobreza que prevalecen en el interior del país, el pago a los ex patrulleros significó un aliciente importante para motivar el voto a favor del general. Cuando se quiere mantener el poder no importa el medio, y por 500 mil votos vale la pena.
Con lo que no contaron los padrinos del general fue con la astucia maquiavélica de los otros partidos tradicionales, los cuales no se quedarían con los brazos cruzados y decidieron también contribuir con pólvora y mechas a la bomba de tiempo. Al igual que el partido de gobierno, algunos candidatos, entre ellos el actual Presidente de la República, decidieron montarse al mercado de las ofertas de campaña prometiendo lo que no se puede y no se debe pagar, sin medir las consecuencias en el sistema financiero y en el débil tejido social. Ya en el poder, el presidente Berger siguió la inercia de la campaña y prometió incluso vender el Parque Central para cumplir su promesa.
El general, Portillo, su club de amigos y el FRG perdieron la contienda, lo bueno de la historia; pero bajo su responsabilidad quedará el haber generado las condiciones para que los ex patrulleros asumieran un protagonismo de impredecibles consecuencias. Los partidos políticos tradicionales y el Presidente no están exentos. Ahora, sólo queda que la justicia constitucional cumpla su misión de frenar los abusos del poder político. Esperamos que se respete el derecho de petición ante la justicia que tienen todas las personas y no se presione indebidamente a la Corte de Constitucionalidad.
El pago a los ex patrulleros adquiere un significado diferente cuando se pretende un resarcimiento por las violaciones a sus derechos humanos, los que sufrieron durante el conflicto armado interno, como lo fue el hecho de haber sido reclutados por el Ejército en forma forzosa. Algunos han manifestado que fueron sometidos a servidumbre y que sufrieron vejámenes y castigos por negarse a “prestar” dicho servicio en forma “voluntaria”.
Esto no es lo que dice el decreto del Congreso de la República, en el que simplemente se reconocen sus servicios prestados en aras de preservar el Estado de Derecho. Pero esto es otra historia que debería explicitarse por los mismos patrulleros y la sociedad en su conjunto. Bajo esta perspectiva es posible encontrar soluciones menos conflictivas y que, en definitiva, contribuiría a la reconciliación nacional que con mucho anhelo esperamos los guatemaltecos de buena voluntad.
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