Se da largas a una problemática que va a estallar.
Miguel Ángel Albizures
“Los papeles firmados con los ofrecimientos del gobierno son para nido de ratones y sirven de comida a la polilla”, expresó un campesino cuando se discutía el quehacer frente a la situación que viven y al ver que las promesas han quedado incumplidas en espera de una convulsión en el campo. Por eso, dijo otro, “sólo podemos confiar en nuestras propias fuerzas”, lo cual no representa una amenaza, sino el grado ínfimo de confianza que tiene el campesinado en las autoridades y la convicción de que, en Guatemala, sólo la presión hace posible el logro de algunas conquistas y derechos.
“El Estado no existe para nosotros los pobres, porque los campesinos estamos abandonados. El Estado sirve a unas pocas familias”, aseveró otro que ha comprendido que en Guatemala sigue habiendo privilegios y que seguimos lejos de poder construir un Estado nuevo.
Pareciera que la paciencia se agota y que la espera hace mella y lesiona la credibilidad en el gobierno, y eso se comprueba cuando escuchamos a otro. “Los plazos que pide el gobierno son para entretenernos y la constante es la falta de respuesta a las peticiones que presentamos”. Por eso, no están dispuestos a aceptar otros 30, 60, ni 90 días perdidos, en medio de los cuales habrá desalojos y posiblemente otros muertos. Nosotros, concluyó su intervención, “no podemos seguir asamblea tras asamblea, porque eso nos desgasta; ni podemos seguir viviendo engañados, porque cuando volvemos a nuestra comunidad, no es el gobierno el que enfrenta los problemas.”
Los campesinos advirtieron al gobierno que “no queremos que este 15 de septiembre nos digan que hay libertad, que somos independientes; lo que queremos es que nos digan en dónde están los fondos para arrendamientos y compra de tierras”. Y tienen razón, no hay independencia sin la porción de tierra que genere el sustento diario, sin una fuente de trabajo digna que permita cubrir las necesidades básicas, porque tampoco puede haber libertad si se vive con hambre.
El gobierno y las instituciones como Contierra y Fontierras dicen que han resuelto decenas de conflictos, simplemente porque éstos han pasado de una institución a otra, o porque se refieren a los problemas individuales, pero la problemática agraria sigue presente y sin vistas de solución. Los desalojos violentos o pacíficos, con la observancia del Papa o del Dalái-lama, se llaman así, “desalojos” y no es resolver los problemas, no es enfrentar la problemática agraria y no es la satisfacción de las necesidades urgentes del campesino.
La enérgica voz de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que han dicho que las órdenes de desalojo deben cumplirse, quisiéramos la elevaran para obligar a los finqueros al respeto de los derechos del campesino, al pago de prestaciones laborales, a las reinstalación de despedidos injustamente y al pago de salarios atrasados, que, en muchos casos, ha obligado a la toma de fincas y a la resistencia pacífica. Con los desalojos se resuelve el problema de los dueños de las fincas, pero no de los campesinos, y se da largas a una problemática que, tarde o temprano, va a estallar.
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