El 17 de julio de 1998, en Roma, Italia, 120 Estados votaron a favor del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional (CPI).
elEDITORIAL
El 17 de julio de 1998, en Roma, Italia, 120 Estados votaron a favor del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional (CPI). El 11 de abril de 2002, se depositaron más de 60 ratificaciones de dicho Estatuto necesarias para la entrada en vigor del mismo. Consecuentemente, el 1 de julio de 2002 la comunidad internacional celebró la entrada en vigencia de la CPI.
El 11 de marzo de 2003 fueron juramentados en La Haya, Holanda, los 18 magistrados seleccionados por la Asamblea de Estados Partes (AEP), para integrar la CPI, y el 21 de abril de 2003 la AEP eligió al Fiscal que habrá de perseguir y acusar penalmente a quienes cometan crímenes de competencia de la CPI.
Los respectivos Estados, al respaldar la creación de la CPI, demostraron la firme decisión de apoyar la lucha contra la impunidad de los autores de los crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad, así como de prevenir la comisión de los delitos más graves que denigran al género humano y, en forma desproporcionada, a las mujeres.
A la fecha, el Estatuto de Roma ha sido firmado por 139 Estados, de los cuales 94 lo han ratificado. En el área centroamericana aún no se han adherido a dicho Estatuto El Salvador, Guatemala y Nicaragua, en tanto que lo han ratificado Costa Rica, Honduras y Panamá.
Como se recordará, el presidente Alfonso Portillo envió el Estatuto de Roma a la Corte de Constitucionalidad (CC), para que ésta opinara sobre si el mismo se ajustaba o no a la Constitución de Guatemala. La CC dictaminó en ese sentido que ninguna de las normas del Estatuto era incompatible con la Constitución, por lo que, prácticamente, la CC dio luz verde para su aprobación por el Congreso. No obstante, a la fecha el mismo duerme el sueño de los justos en el Congreso, y la Cancillería del actual gobierno, por razones que se desconocen, no ha insistido en su aprobación.
De tal suerte que la sociedad civil guatemalteca debe exigir a los diputados al Congreso la aprobación del Estatuto de Roma, con el propósito de que nuestro país pase a formar parte de la comunidad de naciones que condena y sanciona la comisión de los denominados delitos internacionales, y que los autores y cómplices de tales crímenes enfrenten la justicia penal internacional y sean juzgados y condenados por la CPI.
En todo caso, sostenemos que la impunidad derivada de la comisión de los delitos de lesa humanidad no debe ser tolerada en una sociedad que se jacta de vivir en democracia.
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