Administración sin responsabilidad

Unos cuantos aguaceros fueron suficientes para fracturar al extremo de la inhabilitación temporal al menos dos rutas muy importantes, utilizadas por miles de guatemaltecos que se transportan para ganarse el pan diario, acto que ya de por sí resulta difícil y riesgoso. En efecto, como ha ocurrido en otras ocasiones cuando las lluvias han sido mucho más copiosas, nuestra infraestructura vial da muestras de su inexplicable vulnerabilidad, sobre todo porque son precisamente las obras relativamente nuevas las que resultan con los daños más severos. Esta vez le tocó al acceso a la Central de Mayoreo –Cenma– y a la Calzada de la Paz, vías de fundamental importancia que están dañadas severamente, lo cual ha hecho incurrir en gastos extraordinarios a las autoridades que tienen la obligación de atender la emergencia.

Si bien es cierto, los desórdenes climáticos van en aumento y es de esperar que se hagan presentes eventos lamentables como el del huracán Mitch, o quizá más severos que éste. Resulta extraño que obras de infraestructura antiguas no muestren mayor avería, mientras las de reciente construcción resulten severamente dañadas; basta recordar los problemas que hace pocos años presentaron uno de los puentes de Villalobos, el paso a desnivel de San Cristóbal, el puente del Caminero y la ruta a El Salvador, entre otros. En este orden de ideas cabe formular las siguientes preguntas: ¿existían décadas atrás mejores técnicas de construcción que las actuales? La respuesta obvia es: no. ¿Eran más honrados los ejecutores y contratistas de las obras que se desarrollaban en los gobiernos previos a nuestra apertura democrática?

La respuesta probable es: quién sabe. ¿Se han hecho y exigido por parte de los gobiernos democráticos todos los análisis de suelos, y cálculos estructurales para la realización de estas obras que lucen tan frágiles? Otra vez la respuesta probable es: quizá no. ¿Cómo quedaría la joven infraestructura vial de Guatemala con la presencia de otra tormenta tropical severa como la de octubre del 98? La respuesta probable es: muy mal. ¿A quién se le deducen responsabilidades por las evidentes anomalías en estas construcciones que ceden al primer aguacero? La respuesta segura es: a nadie.

La irresponsabilidad crónica, presente en la mayoría de los servidores públicos, se alimenta del hecho de que no hay consecuencias para una mala gestión. Mientras que en el ejercicio privado, la ineptitud y/o negligencia se paga con un despido, con el desprestigio profesional o con la quiebra de una empresa; en lo público, los paradójicamente escasos recursos son dilapidados en corrupción, amiguismo, compadrazgos, nepotismo, contrataciones anómalas, etcétera. Este inmoral comportamiento, consentido por casi todos nuestros gobernantes y permitido por la mayoría de los chapines, evitará en definitiva que nuestra nación abandone la mediocridad. A riesgo de caer mal, insisto, es necesario volver a los principios, y urgente que la gestión pública se ejerza enmarcada en éstos.

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