El acceso a la tierra ha ido perdiendo importancia.
Juan Alberto Fuentes K.
De acuerdo con el informe reciente del Banco Mundial sobre la Desigualdad en América Latina y el Caribe, la búsqueda de la equidad en la región es prioritaria por tres razones. Primero, la desea la gente. Encuestas en todos los países demuestran que se trata de una reivindicación de la gran mayoría de latinoamericanos. Segundo, si el crecimiento económico da lugar a buenos salarios y a ingresos que se distribuyen equitativamente, la pobreza disminuye más que si el crecimiento sólo beneficia a un grupo pequeño de grandes finqueros o empresarios. Con más equidad habrá mayor reducción de la pobreza. Tercero, grandes desigualdades generan tensiones sociales y políticas que amenazan la estabilidad y la gobernabilidad. Si queremos democracias duraderas y efectivas, deben contribuir al bienestar de las mayorías. De lo contrario surgen gobiernos populistas que prometen mucho, no cumplen, provocan más conflictos y hacen que perdamos todos.
Las posiciones del Banco Mundial, como la de otros organismos similares, ha ido cambiando, reconociendo que las recetas de los 80 y 90 que se centraban en el ajuste, la privatización, la apertura comercial y la liberalización financiera no han tenido el éxito esperado. Sin dejar de reconocer que hubo algunos logros, como controlar la inflación, la verdad es que no se logró impulsar procesos sostenidos de desarrollo, que simultáneamente aseguraran mayores ingresos, mejores condiciones sociales y libertad.
El informe del Banco Mundial identifica dos causas principales de la desigualdad: la concentración de la propiedad de la tierra y el desigual acceso a la educación de calidad. El acceso a la tierra ha ido perdiendo importancia en la medida que las sociedades se han urbanizado y se han diversificado las economías, dependiendo menos de la agricultura y más de los servicios y de la industria. En Guatemala la agricultura continúa siendo una fuente fundamental de empleo y de ingresos de una proporción grande de la población, pero la tierra ya no es la principal base del poder económico y político, como lo fue en el pasado. Ello debiera permitirnos evaluar políticas que contribuyan a una mejor distribución de la tierra sin las grandes pasiones del pasado, aunque sin caer en la ingenuidad de negar la conflictividad que conlleva. Una política rural, con una adecuada asignación presupuestaria, y que combine la redistribución de la tierra con otras políticas y el respeto del Estado de Derecho, es prioritaria.
A su vez, la creciente importancia del conocimiento como fuente de competitividad y de poder en el mundo justifica, además, asignarle la máxima importancia a la educación. Correspondería aumentar los recursos para la educación en el proyecto del presupuesto de 2005. Guatemala es de los países más desiguales de América Latina cuando se toma en cuenta la distribución del ingreso de las personas. Pero si agregamos a ello el desigual acceso a la educación, incluyendo especialmente el menor acceso de los pueblos indígenas, así como la concentración de la tierra –Guatemala es el único país de América Latina que no ha tenido una Reforma Agraria– es probable que seamos el país más desigual del planeta. Comencemos por reconocerlo con más recursos para el desarrollo rural y la educación en el presupuesto 2005.
El crecimiento económico puede facilitar la redistribución del ingreso, en la medida que aumenta el “pastel” disponible y es más fácil distribuir más y no menos. Pero también es cierto que la historia de Guatemala ha sido la de un pastel que aumenta sin que los invitados a la fiesta sean más. Es por ello que en el Encuentro por la Paz y la Democracia efectuado hace unos días en Quetzaltenango, que convocó a personas de diversas corrientes ideológicas de signo progresista, y que incluyó un diálogo abierto sin agendas previas –y mucho menos con la intención de crear un instantáneo partido político– todos estuvieron de acuerdo en que la prioridad debiera ser luchar por una Guatemala justa e incluyente, con equidad y libertad.
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