Con esa intromisión, poco favor hacen los Presidentes a la democracia, al Estado de Derecho.
Mario A. Mérida G.
Hace unos días los presidentes centroamericanos aprovecharon la reunión acerca de la “Defensa de la democracia en América Latina”, para apoyar al presidente nicaragüense Enrique Bolaños, acusado de corrupción. De esta manera se convirtieron en un ente superior al ordenamiento jurídico de un país soberano, al intentar desautorizar la jurisdicción de la Contraloría General de la República (CGR), de Nicaragua, la que acusó a Bolaños de obstruir una investigación sobre las cuentas electorales de su campaña presidencial, solicitando al Congreso su destitución.
Con esa intromisión, poco favor hacen los presidentes a la democracia, al Estado de Derecho y al respeto a la no intervención en los asuntos internos de otros Estados, inexplicablemente aceptaron como ciertos los argumentos de Bolaños en su defensa. Quien no sólo se ha negado a cumplir lo solicitado por la CGR, sino también los acusó de falta de respeto y cortesía a la Presidencia, ya que el contenido de la denuncia lo conoció por medio de la prensa.
Habrá que recordarle que la prensa fue determinante en el caso del ex secretario de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, acusado de recibir dinero de Taiwan, para financiar su campaña. Por eso el presidente costarricense, Abel Pacheco, llamó valientes a los periodistas ticos.
Bolaños y Rodríguez están en la misma situación, con la diferencia de que Rodríguez no recibió el espaldarazo de ninguno de las países miembros de la OEA. Salvo del presidente Berger, quien a título personal pidió el beneficio de la duda, actitud apoyada por el vicepresidente Stein. No obstante, al final para Rodríguez sí funcionó la ley. Y, a pesar de que regresó voluntariamente a su país para aclarar su situación, lo vimos bajar del avión esposado.
Lo que está sucediendo en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, no debe sorprendernos... veremos cómo les va a quienes actualmente están gobernando en los otros países centroamericanos, cuando dejen sus cargos, particularmente a Pacheco.
La Ley debe funcionar también para quienes están en el ejercicio de la Presidencia y no sólo para quienes la dejan. Porque ya nos dimos cuenta de lo difícil que es extraditarlos; para ejemplos, Portillo y Fujimori.
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