El ex presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz 1997, Óscar Arias, durante la 60a. Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa...
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El ex presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz 1997, Óscar Arias, durante la 60a. Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresó que “la libertad de prensa es un arma en contra de la corrupción”. Asimismo, exhortó a los periodistas a que “den una lucha frontal contra la corrupción, porque dentro de cualquier intento para dar a nuestro futuro una meta y un sentido, debe figurar la lucha a favor de la transparencia y la verdad”.
El premio Nobel de la Paz 1997 agregó que “la corrupción socava la democracia y la impunidad la destruye”.
Coincidimos plenamente con el ex presidente Arias, ya que la corrupción corroe y debilita lo que toca, toma de lo colectivo para beneficiar a lo particular; en el proceso genera efectos perjudiciales sobre la equidad y la eficiencia en la asignación de recursos: afecta más a quienes menos tienen y desperdicia energías y esfuerzos.
No obstante, el más grave efecto de la corrupción es, quizá, que prospera clandestinamente al margen de las normas y del respeto a la moral pública, lo que acaba por socavar la confianza en las instituciones e inhibir la búsqueda del bien común.
En Guatemala, especialmente a través de la prensa escrita, ha comenzado a desarrollarse un vigoroso periodismo de investigación, por supuesto incomprendido y rechazado por personas y grupos proclives a la intolerancia, intransigencias, arbitrariedad e imposición.
El periodismo de investigación está orientado a desentrañar los actos de abuso de autoridad y de corrupción, y las violaciones a los derechos humanos.
La prensa independiente también se ha convertido en defensora de las instituciones democráticas, y en denunciadora de las prácticas antidemocráticas, de la concentración del poder político (dictadura de partido), del terrorismo de Estado, del crimen organizado y de la arbitrariedad.
Propugna por un sólido Estado de Derecho, en el que gobernantes y gobernados estén sujetos a la Ley, impere el pluralismo, la multiculturalidad y la participación, se garantice el libre juego de opiniones, se respeten los derechos humanos fundamentales y se supriman los privilegios y las discriminaciones.
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